Griñán y otros acusados de los ERE protestan por la dureza de los peritos del Estado

El juicio de los ERE se acerca a su final con otra nueva polémica. El informe de los peritos del Estado que señalaba una serie de irregularidades ha provocado la indignación de las defensas de algunos de los acusados. Los interventores del Estado sostienen la ilegalidad de algunas transferencias de dinero entre organismos de la Junta. La discusión con los abogados defensores, que ya venía de ayer, se ha prolongado por dos horas.

Las defensas de seis de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados en el caso ERE han protestado al tribunal porque la exposición de los interventores del Estado en el juicio «excede los límites de lo que es un informe pericial para convertirse casi en un informe de parte acusatoria».

La protesta ha sido formulada por Pedro Apalategui, que representa al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y se han adherido los abogados del expresidente de la Junta José Antonio Griñán; del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román; del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; y del exsecretario de Empleo Javier Aguado.

La ha formulado poco antes del receso, tras horas de debate entre los peritos y de las defensas sobre si las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo hacía a la agencia pública IDEA se podían usar o no para pagar las ayudas de los ERE en vez de para equilibrar pérdidas del ente.

Una discusión que iniciaron ayer y que han continuado sin que el fiscal haya formulado aún ninguna pregunta en la sesión.

Por la intervención del Estado, Ángel Turrión ha defendido que la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2001 definió «con carácter definitivo» que este instrumento sólo se puede usar para cubrir pérdidas de los entes públicos, algo que ninguna norma «ha derogado ni explícita ni tácitamente» y a lo que aluden «23 leyes», además de instrucciones de la Intervención de la Junta, informes de la Cámara de Cuentes y sentencias del Tribunal de Cuentas.

Juan Ramallo, perito de la exconsejera Magdalena Álvarez, ha salido «en defensa del Parlamento» que «es evidente que aprueba cosas en las que no todos los diputados entienden lo que están aprobando» pero no se puede hablar de engaño a la Cámara.

Los peritos de la IGAE y de las defensas discrepan en su interpretación de la ley de acompañamientos de 2001 que, para los primeros, determina que las transferencias de financiación sólo pueden usarse para equilibrar déficit de los entes públicos mientras que para los segundos indica que los fondos para equilibrar las cuentas de estos entes tienen que enviarse por transferencias de financiación pero no todas las transferencias son para eso.