Granados pide las grabaciones del juicio de Púnica para denunciar a Marjaliza por narcotráfico

La defensa de Francisco Granados ha solicitado a la Audiencia Nacional las transcripciones y los vídeos grabados del primer juicio sobre la trama Púnica para emprender «acciones legales» contra David Marjaliza por presuntos delitos contra la salud pública.

En el escrito presentado por el abogado de Granados, Javier Vasallo, se solicita «deducir testimonio de las conversaciones telefónicas que obran en lo autos» referenciados para interponer las correspondientes acciones penales contra Marjaliza y contra agentes actuantes de la UCO «al entender que los hechos que se contienen en la documentación, y conforme se especificara con escrito a parte, son constitutivos de infracción penal».

Según la defensa del exdirigente del PP, «por parte de Marjaliza se han podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, conforme se declaró por los agentes participantes igualmente como testigos en el plenario celebrado, sin que hasta la fecha, se haya adoptado investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial. El mismo ha gozado hasta la fecha una posición de privilegios y beneficios no amparados en norma penal o procesal alguna, además de no poder entender el porque de ese privilegio y beneficio delictivo».

Durante el juicio, comparecieron en calidad de testigos, 6 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, encargados de la investigación de la trama Púnica, que confirmaron, tal y como avanzó OKDIARIO, los presuntos negocios del denominado ‘cerebro de la Púnica’, David Marjaliza, con un detenido «vinculado al narcotráfico».

«Existe conforme declaraciones de este plenario, y llamadas telefónicas, observadas e intervenidas cuyo testimonio pedimos que se deduzca», continúa el escrito, «un presunto delito de omisión del deber de perseguir el delito anteriormente descrito, toda vez que todos los agentes actuantes, han dejado de lado dichos delitos conforme obligación fundamental a la que están todos ellos sometidos, beneficiando, a la postre, al que ha sido el testigo de cargo para acusaciones populares y públicas fundamentalmente (Marjaliza)».

La defensa del exdirigente popular apunta la intención de Marjaliza de «trasladar su única responsabilidad de los hechos a otros investigados, como Granados, que sin duda alguna es el atractivo y objetivo en todos los ámbitos, y estar presidida su declaración de motivos espurios que le han privado de credibilidad a tales declaraciones, como la existencia de razones de enemistad, enfrentamiento, odio, venganza, y afán de autoexculpación, como se ha corroborado en el presente procedimiento».

«Que duda cabe que a lo mejor» continúa el escrito, «y dicho en términos legales, el gran premio que obtuvo sin más el testigo fundamental de la presente causa, investigado en otras, es el dejar en el olvido causas de salud pública, blanqueos de capitales derivados del mismo, y otras circunstancias, extremo que no puede tener otra explicación por parte de órganos oficiales adscritos a la investigación».

El juicio visto para sentencia

En la vista celebrada en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, se ha juzgado el supuesto chivatazo que dio el agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados, el 6 de septiembre de 2014, durante las fiestas patronales de Valdemoro antes de estallar la trama Púnica

En sus conclusiones finales, Anticorrupción mantenía su petición de 3 años de cárcel por un delito de revelación de secretos para Granados y el agente Talamino, mientras que para el Guardia Civil en excedencia, José Luis Caro Vinagre, el Ministerio Público planteaba al tribunal la posibilidad de condenarle por cooperación necesaria a una pena de 18 meses de cárcel.

Por su parte, Granados durante su alegato final afirmaba que no tenía «nada que ocultar», ni que «destruir» y acusaba al supuesto ‘cerebro de la trama Púnica’ David Marjaliza de mentir en sus acusaciones contra él.

El exdirigente popular recordaba que desde que se publicó en prensa en 2014 que había una cuenta en Suiza a su nombre, él mismo reconoció que la había tenido desde 1993 hasta 2005 y «nunca» ocultó ese patrimonio.

Por último concluía su discurso argumentando que esta «tremenda injusticia» que le afecta a él «en lo personal», afecta también a los agentes acusados, «dos servidores públicos honrados».