El Govern pagará las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas con dinero de todos los catalanes

El saqueo de los fondos públicos a manos del Gobierno catalán ya incurre en lo patológico. El Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley para que con dinero de todos los contribuyentes se paguen las fianzas de 5,4 millones que le exige el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat por la promoción exterior de la asonada golpista y 4,8 millones por la organización del referéndum ilegal del 1-O. En otras palabras, una más que presunta malversación para cubrir otra de libro.

Un disparate más que retrata la irresponsabilidad del Gobierno catalán. Su última ocurrencia para librar a los acusados del control fiscalizador del Tribunal de Cuentas, como lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sido la creación de un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que exige a cuarenta altos cargos

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, acompañada de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, ha explicado que este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo». Vilagrà ha asegurado que servirá para «cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos» de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.

«Solidez jurídica»

«Tiene como objetivo hacer frente a las obligaciones legales que no queden cubiertas por pólizas de seguros que la Generalitat tiene suscritas», explica el Govern en un comunicado. «El decreto se basa en el principio de indemnidad que obliga a las administraciones a defender a los trabajadores públicos mientras no haya sentencia firme».

Si se agotan las vías judiciales y «se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero», puntualiza el comunicado.

Durante su presentación, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha destacado la «solidez jurídica» de esta iniciativa, a la que no solo se podrán acoger los afectados por el Tribunal de Cuentas, sino cualquier funcionario en una situación similar.