El Govern consuma la desobediencia y ya tiene todo preparado para mandar escoltas a Puigdemont

La Generalitat, decidida a desobedecer al Ministerio del Interior, que aclaró que no procede ponerle escolta al fugado Carles Puigdemont en su refugio de Waterloo (Bélgica), ya tiene todo listo. La Conselleria de Interior de la Generalitat ha preparado el dispositivo de ‘protección’ para el ex president en Bélgica y está a la espera de recibir las respectivas autorizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y la Guardia Civil.

Según han informado este martes fuentes de la Conselleria a Europa Press, se han realizado dos peticiones, una dirigida a Exteriores para que pida a Bélgica que autorice la presencia de Mossos d’Esquadra en su territorio y los considere agentes de la autoridad.

Se ha hecho una segunda solicitud a la Guardia Civil para que autorice a los Mossos a sacar del territorio español las armas necesarias para el dispositivo.

Las mismas fuentes han precisado que la Conselleria de Interior no ha recibido respuesta oficial a ninguna de estas dos peticiones.

Informe jurídico favorable

Según alega la Generalitat, citada por Europa Press, un informe interno de sus servicios jurídicos constata que Puigdemont debe disponer de servicios de seguridad y emplaza Exteriores a limitarse a colaborar.

La Conselleria de Interior determinó en el documento que, atendiendo a argumentos estrictamente técnicos y policiales, es necesario que Puigdemont tenga el derecho de disponer de los servicios de seguridad necesarios para sus funciones, y teniendo en cuenta que corresponde a la Generalitat el mando de los Mossos y la coordinación de las actuaciones policiales, de acuerdo con el Estatut, la actuación de Exteriores «se debe limitar a solicitar al país receptor la autorización para el desplazamiento de agentes de la Policía de Catalunya, sin entrar en otras consideraciones jurídicas o de oportunidad».

El informe recuerda que los expresidentes pueden disfrutar de sus derechos que tienen reconocidos por ley en Cataluña o fuera de territorio catalán, debido a que no existe una limitación en la normativa, por lo que «los expresidentes pueden decidir establecer su residencia en el exterior sin que esto comporte que pierdan sus servicios».