España
GOBIERNO

Golpe del Gobierno al exilio venezolano: no validará el carnet de conducir a 222.000 residentes

La restricción de movilidad sobrevenida pone en riesgo su acceso al mercado laboral y a servicios básicos

El Gobierno se niega a validar el carnet de conducir de 222.891 venezolanos con residencial legal en España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez alega los «reiterados incumplimientos» del régimen de Maduro a informar sobre la autenticidad de los permisos de origen. La restricción de movilidad sobrevenida está poniendo en riesgo el acceso de exiliados al mercado laboral y a servicios básicos, lo cual, dificulta también su integración en nuestro país.

Los Gobiernos del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el venezolano Hugo Chávez, validaron en 2005 un Canje de Cartas para permitir el intercambio de los permisos de conducir entre los ciudadanos de ambos países. Un marco de cooperación bilateral, en definitiva, que permitía canjear los carnets de conducir «sin necesidad de realizar exámenes adicionales facilitando así la movilidad y la integración social y laboral de los residentes».

En el año 2022, el Ejecutivo de Sánchez, defensor del régimen chavista, notificó la suspensión de los tratados alegando el «reiterado incumplimiento» de Venezuela en base a uno de los puntos del acuerdo. En él, las autoridades de este país se comprometían a informar sobre la autenticidad de los permisos «en un plazo inferior a 8 días naturales». Sin embargo, en caso de no recibir contestación en el plazo indicado, se procedería a la suspensión de los permisos.

Según el tratado sellado entre España y Venezuela, ambos países se comprometían a compartir sus permisos y licencias de conducir. Si alguna parte cambiaba el formato o las características de las licencias, debía informar al segundo firmante con al menos 30 días de anticipación y previo, además, a que los cambios en su normativa comenzaran a aplicarse.

Barreras económicas y sociales

Según consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, integrada a su vez en el Grupo Mixto, la decisión del Gobierno está teniendo «graves consecuencias» para más de 222.891 ciudadanos de Venezuela que se encuentran exiliados y residen de manera legal en nuestro país.

La negativa de los permisos sostiene que ha tenido un impacto incluso en su integración social. Ello, dado que la restricción de movilidad «dificulta el acceso a servicios básicos y afecta negativamente a su integración familiar y comunitaria». Con todo, Valido pone énfasis también en el coste económico que para muchas familias está teniendo el hecho de tener que invertir entre 1.500 y 2.500 euros para obtener su permiso de conducir en España.

Un importe que, si bien en muchos casos incluye el precio de la matrícula en una autoescuela, la realización de los exámenes teóricos y prácticos, así como los certificados médicos, no deja de ser una «barrera económica» que, según Valido, limita los procesos de integración de muchas familias.

«La imposibilidad de conducir legalmente limita severamente el acceso al mercado laboral, especialmente en zonas rurales con transporte público deficiente», reza en su iniciativa. Una, además, con la que insta al Gobierno de Sánchez a reiniciar las conversaciones bilaterales con el régimen de Venezuela y establecer nuevos protocolos de verificación de los permisos de conducción.

Para Valido, la decisión del Ejecutivo está llevando a muchos ciudadanos a sufrir incluso «una discriminación comparativa» en tanto que el suyo es el único país que cuenta con un convenio bilateral suspendido. No obstante, el hecho de poner fin a los acuerdos entre los dos estados, asegura «que no extingue el acuerdo bilateral», por tanto, éste podría reactivarse en caso de cesar «las causas que motivaron su suspensión» o «se establezcan mecanismos alternativos de verificación».

Lo cierto es que España ya ha reactivado con éxito convenios bilaterales en el pasado suspendidos con otros países como Marruecos o China. Todo, sostiene Valido, «cuando se han implementado mejoras en los sistemas de verificación, demostrando que la reactivación es técnicamente viable».