El Gobierno usa a la Abogacía del Estado para atacar a la juez del 8-M: «Ha abierto una causa general»

El Gobierno está usando a la Abogacía del Estado para atacar a la juez del 8-M. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid.

El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

El recurso está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane y fue presentado el pasado 20 de abril, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que ha provocado la purga del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la posterior dimisión del número 1 de la Guardia Civil.

La Abogacía del Estado defiende que Rodríguez-Medel ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Además, acusa a la juez de que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados» ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación del 8-M y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».