El Gobierno de Sánchez dejó a Melilla todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 24/10/2025 05:46
  • Actualizado: 24/10/2025 14:07

El Gobierno de Pedro Sánchez dejó a Melilla sin realizar cribados de cáncer de colon durante todo el año 2024, a pesar de que tiene la competencia directa sobre esta prestación sanitaria. Desde finales de 2023 y hasta enero de 2025, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad de Mónica García, paralizó por completo un programa que es obligatorio según la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Durante más de un año, ningún melillense pudo acceder a las pruebas de detección precoz de este tipo de cáncer, uno de los más frecuentes y con mayor capacidad de curación si se diagnostica a tiempo. No hubo incidencias técnicas ni problemas de financiación: simplemente, el Gobierno decidió no renovar el convenio que permitía a la Ciudad Autónoma colaborar en el desarrollo del programa. Sin ese acuerdo, Melilla quedó sin cobertura sanitaria para estos cribados.

El Real Decreto 1030/2006 establece con total claridad que los programas de detección de cáncer —colon, mama y útero— forman parte de los servicios asistenciales que debe prestar la administración sanitaria competente. En el caso de Ceuta y Melilla, esa competencia recae en exclusiva sobre el Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad. La Ciudad Autónoma solo puede colaborar en labores logísticas como el envío de cartas a los ciudadanos citados, pero no puede realizar pruebas ni derivaciones médicas sin autorización estatal.

El convenio que permitía ejecutar el programa caducó sin que el Gobierno socialista lo renovara a tiempo. Durante ese periodo, se acumularon más de 400 colonoscopias sin realizar. Solo con la firma del nuevo acuerdo en noviembre de 2024, y tras meses de parálisis, se reactivaron las pruebas en enero de 2025.

Mientras tanto, cientos de melillenses quedaron desprotegidos ante una enfermedad en la que el diagnóstico precoz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La inacción del Gobierno de Pedro Sánchez no sólo supuso una dejación de funciones, sino también una vulneración directa de la legislación sanitaria.

Pese a ello, desde el propio Ingesa y la Delegación del Gobierno en Melilla se intentó culpar a la administración local del bloqueo, algo jurídicamente inviable. La Ciudad Autónoma carece de competencia asistencial y no puede asumir un servicio que es responsabilidad del Estado. Incluso el Ministerio de Sanidad llegó a remitir solicitudes a la Consejería local exigiendo datos y actuaciones que solo puede ejecutar el propio Ingesa, evidenciando un desconocimiento alarmante de sus propias funciones.