El Gobierno quiere abrir en enero el Congreso sólo para acelerar la ley del ‘sólo sí es sí’

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 02/01/2022 06:45
  • Actualizado: 02/01/2022 09:33

El Gobierno ha solicitado que se habilite el mes de enero en el Congreso de los Diputados para poder así acelerar la tramitación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘sólo sí es sí’. Actualmente, la norma se encuentra en trámite de enmiendas.

Enero es tradicionalmente un mes inhábil en el Parlamento. Una circunstancia que nunca ha parecido preocupar al Ejecutivo. Sin embargo, en esta ocasión, ha primado el interés por tener lista cuanto antes esta norma, una de las grandes banderas del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

La ley ha sido objeto de críticas y polémica por algunas cuestiones, como el concepto de consentimiento de la mujer ante una relación sexual. Además, el texto modifica el Código Penal para unificar los delitos de agresión y abuso sexual en un mismo tipo penal.

La iniciativa generó incluso las críticas del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que, en un informe revelado por OKDIARIO, advirtió al Gobierno del «problema probatorio» del «consentimiento».

«Se trata de un problema cotidiano en los procesos penales, cuya resolución en ningún caso puede violentar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ni permitir la inversión de la carga de la prueba, por lo que el problema operativo de las cláusulas de consentimiento seguirá siendo de naturaleza probatoria», avisó el organismo consultivo.

Según recoge el texto, «sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Otra de las polémicas novedades es que también se penalizará el llamado acoso sexual callejero. Por ello se entienden las «expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad».

Además, la nueva ley permitirá acreditar la existencia de «situaciones de violencias sexuales» sin la mediación de un juez, de forma que no se precisará de una sentencia condenatoria para acceder a derechos como la reparación económica o la vivienda.

El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, avisó de que la ley «puede tener el efecto de desprotección a las víctimas» y criticó el «error» de aglutinar la agresión y los abusos sexuales en una única categoría.

Enmiendas

A la ley le queda aún camino por recorrer en el Congreso y el trámite de enmiendas no está siendo especialmente cómodo para el Ejecutivo.

Entre otras, el Partido Popular critica que algunas modificaciones que plantea la ley carecen de «seguridad jurídica» al contener «preceptos deficientes desde el punto de vista legislativo-técnico», así como «numerosas vulneraciones de derechos y libertades fundamentales» recogidas en la Constitución.

La norma ha sido además motivo de desacuerdos entre los socios de la coalición. Desde Podemos se presiona ahora para incluir el concepto de «violencia institucional» -al que con frecuencia recurren los dirigentes de esta formación- y al que se oponen los Ministerios de Justicia e Interior. Con ese término se refieren a la falta de diligencia debida en el abordaje de la violencia machista, conocida o promovida por las administraciones públicas, y que produce situaciones de revictimización o causa un patrón de discriminación reiterado.