El Gobierno permitirá dar clase hasta en lenguas que no tienen ni 45.000 hablantes

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un real decreto que permitirá a las comunidades autónomas dar clases incluso en lenguas no oficiales en España. Esta concesión llega después de que partidos como Sumar y el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, exigieran la enseñanza del bable y del eonaviego, un dialecto a medio camino entre el asturiano y el gallego, también llamado gallego de Asturias, por su parecido con la lengua de la autonomía vecina. El eonaviego apenas lo hablan 45.000 personas en la zona del Principado que colinda con Galicia.

El Ejecutivo ha elevado a consulta pública previa un proyecto de Real Decreto por el que se modifican diferentes normas sobre enseñanza para «permitir a las comunidades autónomas crear las especialidades correspondientes a las lenguas que cuenten con reconocimiento jurídico y se encuentren especialmente protegidas a efectos de enseñanza en sus respectivos estatutos de autonomía».

Desde el Ejecutivo lamentan que la normativa que regula a nivel estatal las especialidades docentes de maestros, catedráticos y profesores de secundaria y profesores de escuelas oficiales de idiomas sólo «contempla las correspondientes al castellano y a las lenguas cooficiales». Y lamenta que no se incluya «un régimen equivalente para las lenguas no oficiales» cuando estas tengan «reconocimiento jurídico y especial protección estatutaria a efectos de enseñanza».

Esta norma está pensada para el bable y el eonaviego, después de que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reuniera con el presidente asturiano. Una decisión que se plasmó en una rueda de prensa y, ahora, su primera versión ya está en negro sobre blanco. Sin embargo, se plantea de modo que pueda ser extensible a toda comunidad con cualquier lengua propia o minoritaria que así lo considere, siempre que goce de una protección determinada.

Abierto a todas las comunidades

Actualmente, hay diferentes lenguas minoritarias que no gozan del rango de cooficial, por lo que las comunidades autónomas también podrían acogerse a esta ley para crear especialidades sobre ellas. Por ejemplo, el leonés y sus diferentes variedades (cabreirés, alistano, sayagués o senabrés); la fabla aragonesa y sus derivados (chistabín, belsetán, ansotano, cheso, benasqués); el extremeño y la fala de Xálima; el bereber rifeño hablado en parte de Melilla o el darija en Ceuta.

Eso sí, para poder acogerse a esta nueva norma y contar con enseñanza propia, la ley exige a la lengua no oficial un reconocimiento jurídico y una protección estatutaria.

El documento que ahora maneja Educación, previo a la redacción de la norma, refleja que la inexistencia de especialidades en esas lenguas no oficiales «compromete su adecuada integración en el régimen general de la función pública docente». En concreto, pone el foco en las dificultades a la hora de proveer plazas por procedimientos ordinarios y en las complejidades de «planificación de las plantillas», cobertura de vacantes y sustituciones.

El Gobierno subraya la necesidad de «proporcionar cobertura jurídica a la creación por parte de las comunidades autónomas competentes de las especialidades correspondientes a las lenguas que, no siendo cooficiales, cuentan con reconocimiento jurídico y protección estatutaria a efectos de enseñanza».

A su vez, detalla la importancia de poner en marcha «la ordenación de estas enseñanzas dentro del sistema educativo» y «posibilitar que las plazas correspondientes puedan proveerse mediante los procedimientos ordinarios de acceso a la función pública docente». Por último, busca «favorecer una gestión más eficiente y estable de los recursos humanos docentes».

Vox denunció que, según datos manejados por el partido de Santiago Abascal, el Gobierno de Barbón «invierte al menos 55 millones de euros en promover la llingua asturiana», mientras alerta que la cifra podría cuadruplicarse si finalmente se logra la oficialidad.

«El Principado invierte millones de euros públicos en llingua, pero el dinero real destinado a educación especial y necesidades especiales, según la ejecución presupuestaria de 2025, es de 1.915.702,85 euros», señaló la formación de Abascal.

El bable y el eonaviego en el Estatuto

El Parlamento asturiano ya rechazó en el verano de 2025 una reforma del Estatuto de Autonomía para incluir la oficialidad del asturiano y del eonaviego. Esta medida necesitaba de una mayoría reforzada de 27 de los 45 diputados, pero los votos a favor PSOE, IU y Podemos no fueron suficientes tras el rechazo de PP, Vox y Foro.

Desde el PP recordaron entonces que su postura era «clara»: «Asturiano, sí, obligatoriedad, no». «Libertad para su uso, promoción para su conservación y voluntariedad para su aprendizaje», subrayó el diputado del PP José Luis Costillas.

Actualmente, existen cerca de 300 docentes de asturiano y eonaviego, tal y como ha venido detallando Sumar a través de las iniciativas en las que pedía la creación de especialidades docentes. Unos profesores que, según la formación de Yolanda Díaz, encuentran «trabajando en condiciones precarias».