El Gobierno niega al Congreso el expediente fiscal del ‘caso fuel’ tras la filtración del novio de Ayuso

El Gobierno de Pedro Sánchez ha negado al Congreso de los Diputados el expediente fiscal que le ha solicitado uno de los partidos de la oposición sobre el caso fuel o caso hidrocarburos, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias. Una opacidad aquí que contrasta con la filtración que la Fiscalía General del Estado, en connivencia con Moncloa, habría realizado sobre los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según se desprende de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En concreto, Vox registró el pasado 22 de octubre una solicitud de informe para recabar de la Administración General del Estado (AGE) una copia del expediente completo por el que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha investigado «el supuesto fraude cometido por Villafuel SL en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el comercio de productor petrolíferos en España». La trama de este caso hidrocarburos, que defraudó más de 180 millones de euros al fisco, fue la que llevó a prisión a Víctor de Aldama, el conseguidor del caso Koldo ahora en libertad provisional tras colaborar con la Justicia.

La petición de Vox fue abordada por la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados -con mayoría de PSOE y Sumar- celebrada el pasado 29 de octubre y no hubo reparo alguna sobre su tramitación, ya que los letrados de la Cámara no formularon ninguna propuesta en sentido contrario. De hecho, en las actas de dicha reunión puede leerse que el acuerdo de la Mesa fue «admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración».

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que dirige el socialista Rafael Simancas, respondió con una negativa a esta solicitud el pasado 5 de este mes de diciembre. En su respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo dice a la formación de Santiago Abascal que el objeto de dicha petición «es información obtenida del tratamiento de datos de un contribuyente concreto, Villafuel SL, de modo que conforme al artículo 95 de la Ley General Tributaria (LGT) no es posible atender al requerimiento de información realizado».

Además, en su contestación, el Gobierno de Sánchez sostiene que a la hora de solicitar este tipo de informes «el derecho de los diputados, manifestación del ius in officium, no tiene carácter absoluto ni ilimitado, sino que resulta de configuración legal, si bien, dado su anclaje constitucional, las limitaciones legales han de ser interpretadas en su contorno más estricto.

Junto a ello, el Ejecutivo socialcomunista esgrime que «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguno de los tasados supuestos legales, entre los que no se encuentran las preguntas individuales parlamentarias». En este caso, no obstante, no era una pregunta escrita, sino una solicitud de informe conforme al artículo 7 del Reglamento del Congreso y el 109 de la Constitución.

Las revelaciones de Lobato

Frente a este blindaje del caso hidrocarburos, el Gobierno no actúo con el mismo celo cuando se produjo la filtración de datos de Alberto González Amador, un hecho que ya ha costado la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se niega a dimitir, y que apunta directamente al Palacio de la Moncloa tras las informaciones aportadas al Tribunal Supremo por Juan Lobato, senador y ex líder del PSOE de Madrid.

El pasado 29 de noviembre, Juan Lobato entregó al juez del Supremo su móvil y el acta notarial con los mensajes donde Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofrecía información de correos electrónicos en los que el abogado del novio de Ayuso planteaba un acuerdo de conformidad al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por dos delitos de fraude fiscal que presuntamente habría cometido González Amador.

Estas conversaciones abren camino al Supremo para investigar al círculo cercano del presidente del Gobierno y elevar las responsabilidades de esta operación hasta La Moncloa. Los pasos siguientes a esta declaración pasarían por llamar a testificar a Sánchez Acera. En ese punto, esta alto cargo del Gobierno podría decir que fue su jefe, Óscar López, quien le pidió enviar el material controvertido al ex líder de los socialistas madrileños, o asumir, por el contrario, toda la responsabilidad y servir de «cortafuegos» para que las consecuencias de esta operación de Estado contra Ayuso no terminen escalando hasta al ministro o al propio presidente del Gobierno.