El Gobierno movilizó en 2020 a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para defender a los socios de Koldo

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 26/02/2024 06:50
  • Actualizado: 18/09/2024 16:27

El Gobierno se movilizó en plena pandemia para justificar los contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que ahora están siendo investigados por el presunto cobro de mordidas por un asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. La empresa se convirtió en uno de los principales proveedores de material sanitario del Ejecutivo para atender las necesidades de la crisis sanitaria y recibió adjudicaciones de casi 53 millones de distintos ministerios y gobiernos autonómicos. La contratación levantó sospechas ya en 2020, que derivaron en una denuncia en el Tribunal de Cuentas, ante la cual, la Abogacía del Estado y la Fiscalía se movilizaron para defender la limpieza de la empresa en cuestión y de los contratos del Ejecutivo.

Así se recoge en un auto del órgano fiscalizador, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que detalla el procedimiento, iniciado en septiembre de 2020. El denunciante llamó la atención sobre los contratos del Gobierno con la empresa ahora bajo sospecha. En concreto, por la adquisición de mascarillas por parte de Adif y de Puertos del Estado -ambos entes dependientes del Ministerio de Transportes- «burlando cualquier tipo de control de las operaciones».

En la denuncia se recoge que Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL «no tenía dedicación a temas sanitarios sino a la intermediación en el comercio de productos diversos» y que «estaba administrada por la empresa Purdey Investment, SL, que figura como deudor fallido de la Agencia Española de Administración Tributaria». Asimismo, se destacaba que «el administrador único de la citada compañía es propietario, copropietario o directivo de al menos veinte sociedades, algunas de las cuales están situadas en paraísos fiscales».

«Comisiones»

Pese a ello, «esta adjudicación, realizada por Puertos del Estado, fue aceptada por el presidente de dicha entidad dos días después de que la misma hubiera realizado un pago, sin previa garantía que se conozca, muy superior al capital social de la empresa adjudicataria y al de la que la administraba». Igualmente, según hacía constar el denunciante, «en la adjudicación del suministro de mascarillas derivada de la Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, el Ministerio otorgó un anticipo de aval por el importe del 50% del suministro de mascarillas».

También se detalló que las mascarillas se habrían adquirido «a través de un testaferro o fiduciario especializado en crear estructuras opacas, ajenas al control del fisco español» y que Puertos del Estado «adquirió más mascarillas de protección de las que necesitaba, por lo que tuvo que repartir el sobrante entre otras entidades públicas», que «las mascarillas de protección se adquirieron a un precio excesivo, provocando por tanto un sobrecoste en perjuicio de los fondos públicos» y que «la decisión de contratar a través de una empresa intermedia, en lugar de directamente por el Estado, generó la obligación de abonar comisiones que encarecieron la operación».

En noviembre de 2020, tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal solicitaron al Tribunal de Cuentas la inadmisión de la acción pública de responsabilidad contable por parte del denunciante.

Abogacía del Estado

Por parte de la Abogacía del Estado se argumentó que la cantidad de mascarillas adquirida había sido la adecuada y «necesaria» y «a un precio correcto».

La Fiscalía, por su parte, defendió que el precio tampoco podía «considerarse excesivo», sin apreciarse «desproporción» entre el «precio pagado y el de mercado»; que los hechos no suponían «menoscabo de fondos públicos» ni cabría «apreciar dolo o negligencia grave en las personas contra las que va dirigida la acción pública, ya que actuaron en el contexto de una situación desconocida, de extrema gravedad y que exigía una respuesta inmediata».

53 millones

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL recibió contratos por importe de 53 millones por la compra de material sanitario, obteniendo un beneficio final de 9,5 millones.

De ellos, la mayor parte fueron adjudicados por el Ministerio de Transportes -36,5 millones-, a través de Adif y Puertos del Estado. La contratación se hizo sin concurso público, justificándola en la situación de emergencia del momento.

La Audiencia Nacional investiga ahora esos contratos del Gobierno por los que Koldo García, el asesor del ministro, se habría llevado comisiones. En total, son nueve los contratos bajo sospecha -entre ellos, también por parte de los gobiernos de Baleares y Canarias y el Ministerio del Interior-, en los que se investiga el precio inflado del material sanitario. Los investigadores creen que la organización cobraba habitualmente a las empresas de material sanitario un 20% de comisiones por cada contrato para las administraciones públicas.

En esta operación, bautizada como Delorme y que aún permanece abierta, se ha detenido a más de 20 personas y se han practicado 26 registros en Madrid, Murcia, León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura.

El operativo comenzó en la noche del martes y está dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, en cooperación con la Fiscalía Anticorrupción.