El Gobierno justifica ante Bruselas el ‘sablazo fiscal’ por la «igualdad de género»

El Plan de Recuperación presentado ante Bruselas para recibir los 70.000 millones de euros hasta 2023 ha revelado la hoja de ruta de la subida de impuestos que pretende acometer el Gobierno socialcomunista. Un incremento fiscal que perjudicará a las rentas medias y cuyo impacto es de 78.518 millones de euros. La subida que prepara el Ejecutivo será global y afectará a la totalidad de contribuyentes. El Gobierno lo justifica porque entre sus objetivos está promover la igualdad de género.

El plan detalla un endurecimiento de la presión fiscal con cargas como el impuesto al diésel, sociedades, patrimonio o pago por el uso de las carreteras. También se atisba el fin de la tributación conjunta y de la bonificación por aportación a planes de pensiones privados. La subida de las bases máximas de cotización afectará a más de un millón de contribuyentes. El Ejecutivo pretende además «ensanchar las bases imponibles».

Y todo ello, bajo el eufemismo de la «adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI».

«Un sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para  procurar unos ingresos para financiar el gasto público, sino que debe contribuir directamente a potenciar el impacto de las políticas públicas que se acometan, sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género, la conservación del medioambiente o la protección de la salud», ‘justifica’ el Gobierno.

Esa alusión al género impregna todo el plan remitido a la UE, especialmente en lo relativo a la fiscalidad: «Los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español son hacerlo más equitativo, progresivo, sostenible y justo, al mismo tiempo que se profundice en el diseño de una fiscalidad verde, se incorpore la perspectiva de género y se potencien políticas públicas de interés general, como la protección de la salud», afirma el Ejecutivo en otro momento.

Análisis de impuestos

El Gobierno considera así «imprescindible» que se incluya en todas las figuras impositivas «la perspectiva de género» y, con ese fin, anuncia que se analizarán los impuestos que componen el sistema tributario español, además de crear otros nuevos «que alineen nuestra fiscalidad con las tendencias más recientes».

«Es necesario analizar las figuras tributarias actuales y replantearlas para adaptarlas a las nuevas realidades económicas y sociales y a la vez explorar nuevas figuras que permitan identificar las diferentes expresiones o manifestaciones de capacidad económica, “buscando la riqueza allí dónde la riqueza se encuentra” de acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional, asumiendo los retos tecnológicos y teniendo presente la perspectiva de género, para obtener unos ingresos públicos suficientes y equilibrados que contribuyan al equilibrio fiscal a medio plazo», se argumenta en el plan.

Medidas polémicas

Según el Gobierno, «nuestro sistema tributario, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo». Sostiene que «España presenta un diferencial negativo de ingresos en relación con la Unión Europea» y por ello «la situación actual genera una oportunidad para llevar a cabo una reforma de nuestro sistema tributario que permita hacerlo más equitativo, progresivo y justo».

Dos de las medidas más controvertidas han sido la supresión paulatina de la tributación conjunta y el peaje de las carreteras. En ambos casos, ante las críticas, el Gobierno ha tratado de desligarlas de sus planes inmediatos. Incluso atribuyó a una «errata» la fórmula de la declaración conjunta del IRPF, que beneficia actualmente a 3,7 millones de hogares. Su eliminación supondría una subida de impuestos de 2.400 millones.

El Ejecutivo alegó que se estudiará con el asesoramiento de expertos cómo evitar que esa reducción fiscal aumente la brecha de género en el mercado laboral, aunque descartó que vaya a suponer un aumento de la carga fiscal. No obstante, la medida figura expresamente en el plan que ya está en manos de la UE.