El Gobierno gasta 72.000 € en placas para los Lugares de Memoria donde excluye la matanza de Paracuellos

El Gobierno de Pedro Sánchez gasta 72.000 euros en placas para señalar los denominados «Lugares de Memoria Democrática», catalogación en la que se niega a incluir la matanza de Paracuellos -y de Torrejón de Ardoz-, donde murieron en torno a 6.000 prisioneros a manos de los republicanos, por carecer esta masacre, a su juicio, de «relevancia histórica», tal y como publicó OKDIARIO la semana pasada en exclusiva.

En concreto, según el expediente consultado por este periódico, el Ejecutivo adjudicó la «contratación del suministro, transporte e instalación de placas de Lugares de Memoria Democrática para el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática» por un importe máximo de 72.144,07 euros. La empresa beneficiaria fue Fundirmental Amando SL, con sede social en Alcantarilla (Murcia).

Entre las especificaciones técnicas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige el socialista Ángel Víctor Torres, estableció que «cada una de las placas deberá estar fabricada en bronce, con una composición de 95% cobre, 4% de silicio y 1% de manganeso, en forma circular y con un diámetro de 600 milímetros».

Además, se exige al contratista «realizar la grabación o impresión en las placas suministradas del texto que para cada caso se indique», debiendo incluir todas las grabaciones o impresiones el anagrama del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, «salvo instrucción expresa en contra por parte del responsable del contrato».

Además, el contrato de suministro -suscrito para un periodo de ejecución de 18 meses- detalla que el Gobierno es quien facilita al contratista los logos o imágenes correspondientes. También, el adjudicatario tiene que consultar a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la «tipografía a utilizar en las grabaciones que, en todo caso, deberá ser legible, clara y acorde con las dimensiones de las placas sobre las que se va a emplear», indica el Ejecutivo.

Junto a ello, el departamento de Torres apunta que «la colocación de dicha placa servirá como acto de inauguración y promoción de dicho lugar, que contará, siempre que sea posible, con todas las autoridades de las distintas administraciones comprometidas, además de con toda la ciudadanía, de modo que se fomente el conocimiento de la importancia de dicho lugar y se asiente la idea memorial de este».

En la actualidad, según la propia web del Ministerio, el inventario de Lugares de Memoria Democrática incluye 34 ubicaciones distintas, entre ellas la extinta Dirección General de Seguridad, que tuvo su sede en la Real Casa de Corres, actual sede de la Presidencia del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez no ha instalado aquí todavía ninguna de estas placas, puesto que la Comunidad recurrió la declaración ante la Audiencia Nacional y se encuentra suspendida.

Respuesta del Gobierno

Tal y como publicó OKDIARIO la semana pasada, a través del Portal de Transparencia, el Gobierno respondió a una petición de información de Pedro Corral, escritor, investigador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que la masacre de Paracuellos no tiene «relevancia histórica» para ser catalogada como Lugar de Memoria Democrática.

En dicha contestación a Corral, el Ejecutivo señala que la declaración como Lugar de Memoria se aprueba valorando diversas circunstancias «sin que la mera existencia de episodios de privación de libertad o de trabajo forzado determine automáticamente su inclusión en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática».

Las matanzas de prisioneros en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz que llevó a cabo el Frente Popular en 1936, siendo el comunista Santiago Carrillo jefe de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, rondaron los 6.000 asesinados, aunque hay estimaciones incluso mayores. Fue la mayor masacre de la Guerra Civil en zona republicana.

En la citada respuesta del Gobierno, firmada por la subdirectora general de Divulgación de la Memoria Democrática, Almudena Cruz Yábar, se dice que esta valoración atiende «a la dimensión del fenómeno histórico acreditado, su duración temporal, su impacto colectivo, su representatividad y la existencia de elementos materiales o inmateriales que permitan su adecuada interpretación y preservación».

En este contexto, la respuesta del Ejecutivo sostiene que «la Administración no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias».

Además, el Gobierno socialcomunista de PSOE-Sumar añade que «la inexistencia de una declaración como Lugar de Memoria Democrática no implica desconocimiento de los hechos históricos asociados a dichos emplazamientos, sino una valoración diferenciada de su alcance y significación conforme a los criterios de singularidad y representatividad exigidos por la legislación vigente».