El Gobierno disponía desde 2021 de un sistema español de pulseras antimaltrato que nunca llegó a implementar

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 24/09/2025 05:45
  • Actualizado: 24/09/2025 08:44

El Gobierno de Pedro Sánchez ya manejaba en 2021 un sistema español de pulseras telemáticas antimaltrato que no acabó explotando para lograr su puesta en práctica. Cuatro años después, ha estallado el escándalo -destapado por OKDIARIO- de las actuales pulseras defectuosas, que registran fallos con frecuencia, según denuncian las propias víctimas, y que generaron una pérdida de datos en 2024 en el proceso de migración de datos del anterior proveedor al vigente.

Este proyecto se llama Bindi (como el punto rojo que llevan en la frente las mujeres hindúes) y fue desarrollado por un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid para proteger a las víctimas de violencia de género. Resultó ganador del premio Explorer UC3M Space 2021.

Se trata de un sistema portable (wereable), en forma de pulsera o colgante, que se conecta por bluetooth al móvil de la usuaria. Este dispositivo desarrolla un monitoreo inteligente que permite prevenir ataques sexuales o violentos contra las mujeres que lo lleven puesto.

Este sistema llegó a recibir una subvención del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Estatal de Investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por importe de 143.750 euros, distribuidos en dos anualidades: 107.812,50 euros en 2021 y 35.937,50 en 2022. Una ayuda costeada, además, con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De hecho, la entonces delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, llegó a informar al Congreso de la opción de este sistema en una comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre los Presupuestos de 2022 celebrada el 26 de octubre de 2021.

En aquella ocasión, Rosell, colaboradora de la que era ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), manifestó: «Precisamente, del mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation de la Unión Europea, una gran parte, 48 millones de euros en tres años, con 16 millones de euros para 2022 están destinados a la mejora no solo de la cobertura, digamos, a más mujeres, sino también de la cobertura técnica dentro de las posibilidades tecnológicas de las empresas que se presenten precisamente para esto, para mejora, digitalización y ampliación».

«Con absoluta cobertura»

Fue aquí cuando comentó que había «hablado con una técnica del CSIC» sobre la posibilidad que ofrecía el sistema Bindi, que permite llevar el dispositivo antimaltrato «en un anillo o en un colgante, con 5G y con absoluta cobertura». Precisamente, los fallos de cobertura de las actuales pulseras son una de las deficiencias que destacan tanto las mujeres afectadas como la propia Fiscalía, instancias judiciales y personal técnico.

«Ojalá lleguemos ahí y no tardemos mucho, pero ahora mismo hemos exigido una mayor cobertura de los dispositivos, pero depende de la tecnología de esas empresas que se presentan», dijo Rosell en sede parlamentaria en octubre de 2021. Casi cuatro años después, el sistema Bindi no ha sido adoptado ni implementado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que finalmente la tardanza aquí del Ejecutivo ha sido manifiesta.

Entretanto, Igualdad asegura ahora que habrá una nueva licitación de estos dispositivos dentro de «unos meses», según reveló el pasado lunes la actual ministra del ramo, la socialista Ana Redondo.

Entre 2021 y 2023, la empresa encargada de proveer el equipo de seguimiento telemático de mujeres víctimas de maltrato era Telefónica. Sin embargo, en julio de 2023, siete meses antes de que finalizara el contrato, el Ministerio de Irene Montero sacó a concurso un nuevo procedimiento para renovar la prestación de este servicio con otras pulseras (las anteriores eran de una marca israelí), cuya adjudicación recayó en Vodafone. Los nuevos dispositivos, supuestamente contemplaban mejoras, pero eran más baratos. Hasta el punto de que se pueden conseguir en plataformas de bajo coste como AliExpress o Alibaba.com.

Fue en la migración de datos entre el anterior proveedor y el actual cuando se detectó que no se podían recuperar datos anteriores a marzo de 2024, es decir, que no se podía saber la ubicación ni los movimientos de agresores portadores de estas pulseras de control telemático, lo que implicó la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento.

De esta manera, en su último memorial anual, la Fiscalía detalló que esta «anomalía» provocó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios». Una semana después, todavía se desconoce la cifra exacta de estos casos afectados.

Además, en dicha memoria, el Ministerio Público alertó de otros fallos detectados en las pulseras antimaltrato: «Dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos de Cometa a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta el centro Cometa (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil) para decidir sobre la formulación de denuncia», recoge el informe de la Fiscalía.