El Gobierno defiende que los etarras den clase en institutos si «sus condenas no imponen inhabilitación»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que un etarra condenado sea nombrado como profesor de instituto si su sentencia «no impone una pena de inhabilitación». Así lo ha expresado con relación a José Javier Osés, etarra convicto que fue condenado por formar parte de ETA y, ahora, da clases a menores en un instituto de Tudela, el IES Valle del Ebro.

El Ejecutivo ha respondido a una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados de Alberto Catalá Higueras, de UPN. El político navarro interrogaba al Gobierno sobre si «considera aceptable» que «una persona que ha sido condenada por vinculación con acciones terroristas esté impartiendo clase a menores en un instituto de la red pública de Navarra».

Esa pregunta aludía directamente a José Javier Osés. El etarra, conocido como El Jotas, fue condenado a 8 años de cárcel por pertenencia a ETA. Su vinculación a esta organización criminal comenzó en su juventud, ya que, tal y como consta en su historial delictivo, fue parte de grupos de la kale borroka. Esto es, ataques de violencia callejera que la Guardia Civil definió como «terrorismo de baja intensidad». Se trataba de estragos, incendios, lesiones, amenazas y coacciones que, como definía la Benemérita, buscaban «subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública».

Osés huyó a Francia en 2009 y formó parte del aparato logístico de ETA. Allí fue detenido en 2012 y, finalmente, un tribunal francés le impuso la condena mencionada. Se probó que había sido el «coordinador del alquiler» para miembros de la organización terrorista. Y es que realizó las gestiones para poner diferentes alojamientos a disposición de miembros de ETA.

Su ADN, en el coche de un crimen

Su ADN, tal y como reflejaba la sentencia del país galo, se encontró en el asiento del conductor del coche en el que la banda terrorista asesinó a Jean-Serge Nérin, policía francés, considerado el último crimen de la organización. Sin embargo, no fue juzgado ni inculpado por ello, ya que no había material suficiente para probar su vinculación al comando.

El Gobierno ha justificado que el miembro convicto de la banda terrorista puede dar clases si no hay una condena de inhabilitación para el ejercicio de la docencia: «Cabe recordar que la citada condena, de acuerdo con el ordenamiento aplicable, no impone pena de inhabilitación».

El ahora profesor de instituto cumplió cinco años de condena en Francia y otro más en España. Sin embargo, los tribunales del país galo no le impusieron una pena de inhabilitación para ejercer la docencia en España, algo que sí podría haber ocurrido de haber sido juzgado en suelo español. Esto habría impedido que ejerciese esa profesión hasta 20 años, según la legislación de nuestro país.

Chivite defendió el nombramiento

El Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite defendió que este nombramiento se produjo en «cumplimiento escrupuloso» de la normativa vigente por parte de la autonomía. Así lo indicó el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. En todo caso, admitió que «la presencia de un ex miembro de esa organización terrorista en un instituto» de su ciudad le producía «desagrado e inquietud».

Desde UPN defendieron que se podía «hacer algo» para «evitar que se repitan estas situaciones». «Presentamos nuestras proposiciones de ley que ustedes, por ignorancia, por maldad, por conveniencia, por no molestar a quien los ha puesto, no han querido abordar», recordó hace unos meses Pedro González, representante de UPN en la cámara autonómica.