El Gobierno ampara al CSIF: es «imposible» el trasvase de funcionarios del Estado a la Generalitat

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado este lunes que es «imposible» el trasvase automático de funcionarios del Estado a la Generalitat y ha advertido de que un empleado público catalán que infrinja la Constitución «puede perder su nombramiento».

Tras reunirse en Barcelona con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, Borra ha salido al paso de un borrador de la ley de transitoriedad jurídica, impulsado por Junts pel Sí y la CUP y al que ha tenido acceso el diario El País, que prevé desconectar jurídicamente Cataluña de España.

Según este borrador del Gobierno de Carles Puigdemont, en caso de independencia, la Generalitat asumiría a los 29.000 trabajadores públicos del Estado en Cataluña y se establecería la obligación para policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo.

«Es imposible que un funcionario o personal laboral de la administración general del Estado pase de manera automática a depender de otro empleador distinto como es el Gobierno catalán», ha subrayado Borra, que ha alegado que este trasvase «no está recogido en el ordenamiento jurídico español».

Para Borra, en lo que respecta a los empleados públicos de la Administración general del Estado, esta previsión «es sencillamente imposible» y además representa una «amenaza».

Borra ha recalcado que «tanto el estatuto básico del empleado público como la ley de función pública catalana reconocen como falta muy grave no acatar la Constitución y no respetar los estatutos de autonomía».

Por lo tanto, ha dicho, «un funcionario de la Generalitat tiene que acatar la Constitución y el Estatuto», de forma que si cumpliera una «orden ilegal cometería una infracción» y «dependiendo del grado de la infracción podría perder incluso su nombramiento».

«No pueden coexistir dos ordenamientos jurídicos paralelos», ha remarcado Borra, que considera que obligar a jueces y policías a tener la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo implicaría «una situación que no tiene ningún viso de legalidad jurídica».

CSIF, que según ha destacado Borra es el sindicato mayoritario en la Administración general del Estado, ya ha pedido «aclaraciones» al Gobierno catalán, que este lunes ha sugerido que este borrador de la ley de transitoriedad jurídica que prevén impulsar Junts pel Sí y la CUP está «desfasado».

Según Borra, Millo les ha trasladado el mismo «mensaje de tranquilidad» que les transmitió en un reciente encuentro la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

«El Gobierno no dejará desamparado a ningún empleado público que cumpla con la Constitución y con el Estatuto y dará amparo legal a aquellos empleados públicos que se nieguen a acometer órdenes susceptibles de ser ilegales», ha celebrado Borra, que ha trasladado a Millo su «preocupación por la situación en la que se pueden encontrar los empleados públicos en Cataluña».

Borra ha recordado que su sindicato ofrece un «protocolo para que los funcionarios que prestan sus servicios en Cataluña tengan una herramienta para poder denunciar cuando reciban una orden susceptible de ser ilegal», pidiendo la orden por escrito y presentando luego una denuncia ante diferentes instancias.

En la reunión con Millo, también han abordado los problemas en el control de pasaportes en el aeropuerto de El Prat y, en este sentido, Borra ha pedido analizar las causas de que Cataluña sea «una de las comunidades autónomas donde más empleados públicos piden el traslado».