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El Gobierno activa una ‘gestapo’ con sindicalistas para espiar el «compromiso medioambiental» de las empresas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado un organismo conformado en una gran parte por representantes de «organizaciones sindicales más representativas, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma», con el objetivo de revisar que las empresas cuenten con «compromiso medioambiental». El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz, se reunió por última vez hace más de 10 años.

La cartera de la líder de Sumar ha elevado a audiencia pública un real decreto por el que se modifica el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, creado durante el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Éste es un órgano colegiado interministerial de carácter asesor y consultivo del Gobierno, encargado del impulso y fomento de las políticas de responsabilidad social de las empresas. Entre sus objetivos está «la promoción de la participación de las partes interesadas en planes de diligencia debida, de respeto de los Derechos Humanos y de compromiso en materia medioambiental».

El objetivo de esta norma de Yolanda Díaz, según consta en la memoria de análisis de impacto normativo, es «impulsar la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas». En la nueva norma se incluye una «ampliación y actualización de la relación de competencias que debe asumir el Consejo». También se plantea la realización de «ajustes de carácter técnico» en la norma.

La cartera de la fundadora de Sumar puntualiza que han transcurrido «más de 10 años desde el último nombramiento de vocalías del consejo» y que es «necesario actualizar» varias partes de la normativa para poder «relanzar» el organismo. En esa misma línea, la exposición de motivos recoge que «el Pleno del CERSE celebró su última reunión el 23 de enero de 2015».

Esta entidad está compuesta por los siguientes miembros:

En cuanto recupere su actividad habitual abandonada hace una década, entre las funciones que tendrá este organismo está la elaboración de informes y estudios, ya sea «en cumplimiento de un mandato legal o a solicitud del Gobierno o por iniciativa propia».