El Gobierno acelera la ley que impone educación LGTBI a niños de Primaria

El PSOE ha acelerado en las últimas semanas la tramitación de la polémica Ley LGTBI de Podemos, que, entre otras medidas impone por ley asignaturas sobre gays, lesbianas y transexuales ya desde la Educación Primaria. La comisión de Igualdad del Congreso, encargada de su tramitación, se reúne de nuevo esta semana para avanzar en su aprobación tras las quejas de varias asociaciones por los «retrasos».

La iniciativa fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, y hasta febrero de este año permaneció en plazo de enmiendas, sucesivamente ampliado (los grupos presentaron hasta 1.144). Desde entonces, su tramitación estaba encallada en la comisión de Igualdad, que preside la socialista Pilar Cancela.

En su articulado original, la proposición de ley incluía medidas muy polémicas, como las sanciones a medios de comunicación y usuarios de Internet por contenidos que pudieran ser considerados ofensivos para el colectivo -matizada después en fase de enmiendas- o la posibilidad de que los menores de 16 años se sometan a operaciones de cambio de sexo sin necesidad de permiso paterno.

‘Plan integral sobre educación y diversidad’

Esta última tiene difícil prosperar por la oposición de la mayoría de grupos. Pero otras propuestas, igualmente controvertidas, sí podrían ver la luz, como la imposición por ley de contenidos sobre diversidad afectiva y sexual desde los primeros niveles de enseñanza.

En este sentido, el partido de Pablo Iglesias despliega -artículo 40 de la proposición- un ambicioso ‘plan integral sobre educación y diversidad’ en todas las etapas del sistema educativo que, según el texto original, «fomente la no discriminación y se proteja el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar de manera transversal en todas las asignaturas».

Como mínimo, según Podemos, ese plan deberá recoger los siguientes puntos: en todas las asignaturas y cursos, la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar; la inclusión de la diversidad familiar en educación infantil; la atención a la diversidad sexual, de género y familiar en asignaturas como Conocimiento del Medio en educación primaria o el estudio del movimiento LGTBI en la asignatura de Historia en educación secundaria.

El PSOE quiere sanciones más duras que Podemos

En sus enmiendas, el PSOE matizó este artículo para hacerlo más genérico aunque respetando en esencia la propuesta de Podemos. Así, en una enmienda de ‘modificación’, el partido del Gobierno propone que en el currículo de todas las etapas educativas se presente una «atención especial al derecho de igualdad de trato y no discriminación», así como que se incluyan enseñanzas específicas sobre esta materia en los diferentes planes de estudio. Un paso en la implantación de una asignatura de «valores cívicos y éticos» que planea el Gobierno y que vendría a reeditar la polémica Educación para la Ciudadanía de los tiempos de Rodríguez Zapatero.

El PSOE quiere sanciones más duras: 500.000 euros por infracción muy grave frente a los 45.000 de Podemos

Los socialistas, además, proponen endurecer el régimen de sanciones que contempla la proposición de Podemos, de forma que los actos de discriminación considerados muy graves contra este colectivo puedan ser multados con hasta 500.000 euros (frente a los 45.000 del texto original de Podemos).

Estas acciones, según la enmienda del PSOE, serían: «los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple, las conductas de acoso discriminatorio, la presión grave ejercida sobre la autoridad, agente de la misma, personal funcionario o empleado público, en el ejercicio de las potestades administrativas para la ejecución de las medidas presentes en la ley y la «comisión de una tercera o más infracción grave, siempre que en el plazo de los dos años anteriores el presunto infractor hubiera sido ya sancionado por dos infracciones graves mediante resolución administrativa firme».

Los socialistas también ampliaron el plazo de prescripción de las sanciones, llegando a cuadruplicarlo (de uno a cuatro años) en el caso de las muy graves.

Vulnera la Constitución 

Además de estas polémicas, en sus meses de recorrido, la proposición ya ha tenido una tramitación agitada. En abril, los letrados del Congreso avisaron de que la ley vulneraba hasta una decena de artículos de la Constitución  y que varias medidas podrían «chocar con la proclamación de pluralismo político», con derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, ideológica y religiosa, la libertad de expresión e información o el derecho a la educación en todas sus vertientes.

En los últimos meses, los colectivos de gays, lesbianas y transexuales se movilizaron ante la parálisis de la ley, bajo una amenaza común: «Furia trans». Hasta 17 transexuales de toda España iniciaron una huelga de hambre con el objetivo de presionar a Podemos y PSOE para su tramitación.

Una forma de presionar al Gobierno, que fue respaldada desde el partido de Pablo Iglesias, que avisó a Sánchez de «la oportunidad de acelerar el proceso a través de un proyecto de ley».

Entre otras medidas, la ley promueve los tratamientos hormonales a partir de la pubertad, también sin permiso de los padres o la creación de la Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, encargada de las sanciones. El partido de Pablo Iglesias propone además la creación obligatoria de bibliotecas con temática LGTBI en poblaciones de más de 20.000 habitantes, la colocación de monumentos y denominación de calles en homenaje al colectivo o el fomento de contenidos sobre «orientación sexual y diversidad familiar» en  las televisiones públicas y en las privadas que reciban subvenciones.