La Generalitat tiene listas negras de los contrarios al 1-O en todos los sectores y prepara su purga

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 30/09/2017 02:43
  • Actualizado: 30/09/2017 12:08

Profesores, periodistas, juristas, jueces, economistas y hasta simplemente padres. La Generalitat lleva tiempo recopilando ilegalmente datos de identificación ideológica de la población en Cataluña. Los contrarios al separatismo están literalmente marcados. Y la Generalitat pretende cargar contra ellos en su desarrollo laboral o profesional o empresarial.

El último capítulo de este marcado sistemático ha llegado este mismo miércoles. Un mail remitido desde la Consejería de Educación de la Generalitat pedía a todos los directores de colegios e institutos que respondiesen sobre si se comprometían o no a abrir sus centros educativos para permitir la celebración ilegal del referéndum del 1-O. Debían dar su nombre, cargo y DNI. Las respuestas se dirigían directamente a un correo electrónico de la Generalitat. Donde han quedado debidamente guardados.

Pero se trata, simplemente, de un capítulo más de una larga lista de procedimientos de marcado ideológico de la población catalana. Una práctica prohibida por la legislación española, que la Generalitat desarrolla con total impunidad. Y una práctica que ha incluido ya a todo tipo de profesionales.

Los periodistas no se han escapado. En los últimos años han sido sistemáticamente marcados por sus opiniones en tertulias, por su acatamiento de las órdenes de los departamentos de prensa de la Generalitat, ayuntamientos, entes, etc.

Una de esas listas salió a la luz en un registro judicial que el juez Josep Bosch ordenó en la sede de la Fundació CatDem, dentro del marco de las investigaciones sobre el pago de comisiones. En la documentación incautada apareció un listado de que diferenciaba a la perfección entre los que apoyaban el ‘procés’ y los que no. El documento se autodenominaba como un borrador sobre “intelectuales, profesores, periodistas, líderes de opinión”. Señalaba a “los nuestros”: Jordi Porta, Fèlix Martí, Jordi Argelaguet, Ferran Requejo; Xavier Sala i Martin y hasta 17 periodistas vinculados a TV3, ‘Avui’, ‘La Vanguardia’ y ‘Vilaweb’. Luego estaban “los que no saben dónde están”, después “los otros pero dialogasteis”. Y, por fin, se llegaba a “los otros, los contrincantes”: Victòria Camps, Francesc de Carreras o Montserrat Baras, entre otros.

Las denuncias sobre listas negras de periodistas no han dejado de aparecer desde entonces. Pero no se trata del único sector profesional. Los departamentos de comunicación de la Generalitat y de todo el aparato administrativo separatistas no han dejado de recopilar datos de juristas que se han declarado contrarios y a favor del 1-O; de economistas que han señalado abiertamente su opinión en foros públicos o en consultas reiteradas de las propias instituciones sobre su apoyo o no a actos separatistas a los que casualmente se les invitaba. De profesores universitarios a los que, como ocurrió hace tan sólo tres semanas, se les ha llamado a firmar un documento en las redes sociales.

O incluso, simplemente, de padres que en estos instantes están teniendo que contestar a los panfletos entregados a sus hijos en los colegios en los que se les pide que acudan a acampadas para celebrar “el inicio de curso” semanas después de haberlo empezado. Y en los que se plantea a los niños un fin de semana de fútbol, canciones, meriendas y cine que, realmente esconde la utilización de niños como escudos humanos con el único fin de impedir el precinto de los centros de voto y la actuación policial de cara al 1-O.

O hasta de vecinos. Porque la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural acaban de apelar a todos los ciudadanos catalanes para que elaboren listas negras recogiendo en cada vecindario los nombres de las personas a los que no vean ir a votar este domingo.

Todos esos datos figuran en poder de la Generalitat y de sus formaciones satélite. Y todos serán utilizados inmediatamente para realizar una purga masiva laboral, profesional, contractual, empresarial, educativa y hasta social de los no simpatizantes del golpe de estado. Serán utilizados si no lo evita el Gobierno.