La Generalitat acelera la puesta en marcha de la Hacienda Catalana pese al ultimátum de Rajoy

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 14/10/2017 02:09
  • Actualizado: 14/10/2017 11:56

Pese al aparente impasse en el que en los últimos días vive el proceso independentista -en espera a la respuesta de Puigdemont al Gobierno, el lunes- la Generalitat sigue adelante con el proceso de desconexión. El gobierno catalán ha acelerado en los últimos días la puesta en marcha de la denominada Agencia Tributaria Catalana, uno de los entes más representativos de su proyecto de República independiente.

Así lo desvelan los últimos movimientos del departamento que pilota Oriol Junqueras, encaminados a la firma de varios convenios de cesión de espacios para la ubicación de distintas oficinas de la mencionada Agencia. En concreto, se trata de cuatro puntos de atención, en Gerona y Tarragona.

Hace semanas que la Generalitat trata de reforzar ese organismo, con el que pretende suplantar la identidad de la Hacienda estatal cobrando todos los impuestos que se generen en la comunidad. Incluso se han desvelado presiones a las empresas para que así lo hagan.

En el punto de mira de Hacienda

Un movimiento totalmente ilegal, y en el punto de mira del ministerio de Cristóbal Montoro. A principios de septiembre, Hacienda ya avisó, en un comunicado, de las posibles sanciones-incluso penales-a las personas físicas o jurídicas que presenten de manera indebida las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la Agencia Tributaria de Cataluña.

En la nota se advierte de que «los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias solo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente. Si se presentan ante otra Administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas».

Cataluña únicamente es competente para gestionar sus propios tributos y los tributos estatales cuya recaudación se cede a las comunidades autónomas, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el Juego y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

«En consecuencia, en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, la AEAT podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda», avisó Hacienda.

Esas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública. En este sentido, se debe recordar que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal. Además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

Hacienda recordó que la Generalitat creó en 2007 la Agencia Tributaria de Cataluña como ente encargado de la aplicación de los tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat. Pero el gobierno catalán ha aprobado disposiciones para impulsar esta Agencia y poder convertirla en la «Hacienda propia» de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario.

«Funcionar como país»

En vísperas del referéndum ilegal, el presidente Carles Puigdemont exhibió la Agencia Tributaria Catalana como ejemplo de que las instituciones de Cataluña están preparadas para la independencia.

Puigdemont se refirió a ella como «una de las estructuras necesarias para que Cataluña esté preparada sea cual sea la voluntad que pongan los catalanes en el referéndum del 1 de octubre», aseguró Puigdemont. El gobierno catalán quiere darle el máximo uso a esa Agencia y valora que está incluso preparada para asumir una recaudación superior a 40.000 millones de euros.

«Muchos auguraban que todo esto acabaría en catástrofe, y hoy ya estamos preparados para funcionar bien como un país», defendió entonces Puigdemont.