La Fundación de Garzón y el abogado de Puigdemont integran una nueva plataforma por la Justicia Universal

Más de un centenar de entidades y particulares se han adherido a una nueva plataforma ciudadana que con el nombre «Justicia Universal ¡Ya!» que ha instado entre otras, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y que cuenta con el respaldo de letrados como Gonzalo Boye, condenado por colaborar con ETA, el coordinador de la defensa jurídica del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

Esta nueva plataforma, que cuenta entre sus impulsores con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Fundación de la Abogacía Española, Guernica Centre for International Justice y Rights International Spain (RIS), reivindica la recuperación de las competencias sobre la jurisdicción universal que se eliminaron por ley en el año 2014, abriendo, según denuncian, «un panorama desolador de impunidad absoluta».

Según exponen, su objetivo «inmediato» es lograr una reforma legislativa que devuelva a la justicia española la capacidad de entender «de los crímenes más atroces», ahora que el Ministerio de Justicia ha encargado a un grupo de expertos que analicen la posibilidad de emprender una reforma en este sentido, pero no de cualquier manera.

Precisamente, la plataforma ha emitido una primera declaración en la que expone que para que la jurisdicción universal sea tal, debe distinguirse «claramente» su competencia sobre los crímenes internacionales más graves –genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión, tortura o desaparición forzada–, de otras formas de jurisdicción extraterritorial o interestatal. Defienden que tenga también competencias sobre «crímenes económicos y financieros que por su extensión y escala afectan gravemente los derechos humanos».

En esta línea, considera que debe crearse una unidad especializada de investigación de crímenes internacionales en la fiscalía que coordine las actividades de ésta y de la policía y que además facilite la cooperación con otros Estados en la investigación y persecución de crímenes internacionales. Entienden además, que debe establecerse de forma clara una persecución extraterritorial eficaz en el ámbito penal y civil de las personas jurídicas que tengan domicilio o que operen habitualmente en España.

Además, apuntan que la jurisdicción universal deberá ser «incondicional y no sujeta a ningún vínculo o punto de conexión con el territorio español», potenciándose el principio de protección de víctimas españolas y europeas residentes en España, pero sin obviar el reconocimiento del resto de nacionalidades.

Para todas, piden un «amplio reconocimiento» de su legitimidad y su derecho frente a los crímenes internacionales, así como que incluya la protección internacional de «derechos de nueva generación», como los afectados por todas las formas de esclavitud moderna o los relativos al medio ambiente.