Funcionarios de Justicia acusan al ministro Campo de «cargarse de un plumazo» sus derechos

Las medidas legislativas que ha anunciado el ministro de Justicia para retomar la actividad judicial están siendo muy criticadas por el sector. El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) cree que el plan de Juan Carlos Campo es «un ataque frontal al funcionariado al servicio de la Administración de Justicia».

Los funcionarios no entienden que se habilite el mes de agosto y dicen, en un comunicado, que se está viendo «con absoluta incredulidad» cómo el ministro «pretende aprobar unilateralmente, por la vía del Decreto Ley», esas modificaciones, cuando «debería respetar los elementales principios constitucionales relativos a la negociación colectiva».

El sindicato cree que el ministro aprovecha esta situación para «cargarse de un plumazo» los derechos de los funcionarios judiciales, quienes «han demostrado su capacidad y disponibilidad para trabajar con los escasos y limitados medios de los que disponemos, con un nivel de exposición al riesgo lamentable».

«Las medidas, totalmente improvisadas, que han sido trasladadas a las organizaciones sindicales suponen un regreso precipitado, sin el proceso de negociación urgente pertinente, y conllevan propiciar de forma absolutamente innecesaria el contagio», destacan.

Entre esas medidas, critican la de declarar hábil el mes de agosto para actuaciones judiciales porque, dicen, «supone la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral al encontrarse los menores en periodo vacacional».

Denuncian también «la improvisación» del ministerio de Justicia al instaurar «una movilidad indiscriminada sin tener en cuenta la dispersión de órganos judiciales en la mayoría de las ciudades» porque «agrava aún más el desigual trato que las medidas aprobadas suponen para los funcionarios de la Justicia».

Por todo ello exigen al ministerio y a las comunidades autónomas con competencias en Justicia «la negociación inmediata de todos aquellos aspectos que suponen la modificación de las condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales».