El fraude de la «memoria»: el Gobierno admite que sólo es capaz de identificar al 9% de los exhumados

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 04/12/2022 19:00
  • Actualizado: 05/12/2022 09:18

La propaganda del Gobierno con la autodenominada «memoria democrática» choca con la realidad. Las labores de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura revelan que apenas un 9% de los restos localizados desde junio de 2018 -cuando Pedro Sánchez llegó al poder con la moción de censura- han podido ser identificados. En concreto, según las cifras facilitadas a OKDIARIO por el Ministerio de Presidencia, 2.561 cuerpos han sido exhumados desde entonces, pero sólo 229 han sido identificados.

El Gobierno precisa, no obstante, que «estas cifras pudieran sufrir ciertas alteraciones» debido a «la evolución de algunas investigaciones» y porque «en este momento se está llevando a cabo la valoración de la documentación justificativa de algunas subvenciones concedidas para trabajos de exhumación». Por ello, reconocen que el cómputo puede no ser completo.

13,95 millones

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática contará el próximo año con 13,95 millones, un 17,9% más que en este ejercicio. Moncloa precisa que estos fondos, en su mayor parte, irán dirigidos al desarrollo de la reciente Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado julio gracias a Bildu y que ya está en vigor. El Estado financia directamente los gastos derivados de las exhumaciones. El Gobierno prevé exhumar este año 1.000 cuerpos, frente a los 800 del año pasado.

Entre las principales intervenciones están precisamente las exhumaciones del Valle de los Caídos. Unos trabajos que se encuentran a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre varios recursos. Como informó este periódico, el Gobierno presiona a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, para que renueve la licencia urbanística y se permita así el acceso a las criptas. 258 familias ya han manifestado su oposición a que se toquen los restos de sus allegados y les asiste la Justicia en el caso de que el Gobierno los extraiga de las tumbas, los remueva, manipule o someta a pruebas de ADN.

Moncloa cuenta además con varios informes que revelan las dificultades para identificar los restos. En ellos se admite que estos trabajos son «extraordinariamente complejos» y reflejan además el «riesgo de esparcimiento» del contenidos de las cajas. «La recogida de restos ha podido ser, y lo habrá sido en la mayoría de los casos, incompleta, con lo que el número de restos correspondientes a cada individuo será variable. Dependiendo de los casos, la irregularidad de la recogida conducirá a restos mezclados de varios individuos, con diferentes estados de conservación, faltos de trazabilidad, con registros incompletos, ausentes o falsos», se recoge en ese informe.

Otro informe desvela también que muchas cajas están rotas con el consiguiente «esparcimiento» de los restos por criptas y capillas e incluso que se habrían mezclado, siendo además «muy probable» la separación de restos óseos de un mismo individuo en diferentes lugares.