Los Franco desmontan con expertos policiales el «riesgo terrorista» de la inhumación en La Almudena

Los Franco ha presentado esta mañana, último día de plazo legal, el escrito de alegaciones finales en el  procedimiento de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. El documento desmonta el informe redactado por la Delegación del Gobierno de Madrid sobre los supuestos «riesgos terroristas» que «desaconsejan una eventual reinhumación de los restos en la Cripta de la Catedral de la Almudena». Expertos policiales con amplia experiencia en materia de seguridad, consultados por la familia, lo descartan.

Aseguran los especialistas técnicos que las amenazas «que se apuntan en dicho informe son ciertamente reducidos: por ser la zona en la que se ubica dicha Cripta altamente segura por la mayor presencia de las Fuerzas de seguridad del Estado, medidas de control antiterrorista y restricciones de acceso; por no ser La Almudena objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad; por no ser relevante la afluencia prevista de visitantes (máximo de 1.000 diarios) respecto de otros eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante un plazo de tres horas, o el Museo del Prado con casi 3 millones de visitantes anuales; y, por considerarse despreciable el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico, citando el precedente de la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CC.OO contra el eventual traslado de los restos a la Almudena que apenas congregó a 200 personas».

En las más de 55 páginas a lo largo de las que se extiende el argumentario de la familia, se denuncia «el carácter fraudulento del procedimiento administrativo seguido por el Gobierno», al que tachan de «singular» y que contravendría la prohibición de adoptar leyes de caso único «exclusivamente» dirigidas «a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco, excluyendo del mismo a cientos de afectados» por el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica.

Insisten en que las diferentes decisiones y actuaciones seguidas hasta la fecha tratan de «dar cobertura legal a una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno el pasado mes de junio» y teniendo en cuenta que en la resolución del procedimiento el Ejecutivo de Pedro Sánchez «es juez y parte, favorable a la exhumación».

Además, ponen de manifiesto «las múltiples irregularidades que afectan al Proyecto de exhumación», tanto en lo relativo a su «redacción y firma», como en los «múltiples y graves incumplimientos de la legalidad urbanística en los que incurre, con la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid», en lo relativo a la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria «por haber obviado la condición de cadáver embalsamado de los restos mortales» de Franco.

Especial hincapié se hace en la «doble violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa» que afectan a los herederos de Franco. Indican los nietos que «la exhumación de los restos mortales en contra de su voluntad» así como «la injerencia del Gobierno en el ejercicio del derecho de la familia a decidir el destino de tales restos» contradice lo recogido en la Sentencia del  Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo -‘caso Solska y
Rybicka’ contra Polonia, en la que se condenó al Gobierno Polaco por realizar una exhumación de restos mortales sin contar con los familiares de los fallecidos ni darles la posibilidad de acudir previamente a la vía jurisdiccional-.

En este sentido, los Franco recuerdan al Ejecutivo socialista la advertencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en su Auto de 17 de diciembre
pasado, donde el eventual acuerdo de exhumación, recurrible ante dicha Sala, «no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y la Sala se haya pronunciado al respecto».

Y solicitan que «se dicte resolución declarando la improcedencia de llevar a cabo la exhumación de los restos mortales» del dictador «dada la imposibilidad legal de llevarla a cabo de acuerdo con lo
previsto en nuestro ordenamiento jurídico y con carácter subsidiario, y sólo para el hipotético caso de que se estimase procedente la exhumación, que se les haga entrega de los mismos para proceder a su reinhumación en la sepultura que tienen en propiedad» en la catedral de La Almudena, concluyen.