La Fiscalía sale al rescate de Sánchez frente al aluvión de revisiones de condenas por malversación

La Fiscalía General del Estado fijará un único criterio para aplicar en la multitud de revisiones de condenas por malversación, con «celeridad» pero también buscando «consenso», una vez entre en vigor la reforma del Código Penal que reducirá las penas por ese delito cuando no exista ánimo de lucro.

La Fiscalía lleva ya semanas trabajando para redactar una instrucción que marque las pautas para aplicar la reforma penal sobre el delito de malversación que entrará en vigor el próximo jueves, 12 de diciembre, y que, según apuntan fuentes del ministerio público, tiene muchos «recovecos».

La pauta que fijará la Fiscalía General pretende determinar los criterios en los casos de causas abiertas por malversación y, especialmente, en las revisiones de las condenas por ese delito dictadas de acuerdo con reforma de 2015, cuando se suprimió el requisito del ánimo de lucro en el tipo penal.

Sin embargo, la nueva ley establece una pena máxima de cuatro años cuando no esté probado el ánimo de lucro, y ello puede propiciar la revisión a la baja de las condenas que se hayan impuesto de acuerdo con la reforma de 2015, impulsada por el PP.

Precisamente, la Fiscalía de Cataluña tiene pendiente presentar su escrito de acusación contra los ex cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos procesados por malversación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización del 1-O desde la Consejería de Economía que dirigía Oriol Junqueras.

Sin embargo, a pesar de que este escrito se redacte de acuerdo a la ley que entra en vigor dentro de dos días, es probable que se demore unas semanas más hasta que la Fiscalía General fije los criterios para la aplicación de la nueva norma en todo el Estado.

Primera rebaja

De momento, como ya ha adelantado en exclusiva OKDIARIO, hemos conocido que los investigados del Caso Acuamed están a punto de beneficiarse de la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En un auto, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional solicita a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito mediante el cual solicitaba penas de prisión de más de nueve años para los cabecillas de la trama. Se trata del primer caso de corrupción que se beneficiará de esta nueva reforma del Código Penal.

El instructor del caso Acuamed pide a la fiscal Anticorrupción, Inmaculada Violán, que revise el escrito por el que solicitaba «la transformación a sumario» y penas superiores de nueve años de cárcel para los investigados, de acuerdo con la Ley Orgánica 14/2022 aprobada el pasado 22 de diciembre por la que se modifica el delito de malversación.

Tras la reforma aprobada por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de coalición, la malversación se castigará ahora con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.