Primer caso de corrupción en el que el juez pide al fiscal que revise penas por la nueva malversación

Ocho años después de que se iniciara el caso Acuamed, la trama de corrupción en la que se investigan presuntas adjudicaciones fraudulentas de contratos «inflados» para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014 bajo los gobiernos de PSOE y PP, los investigados están a punto de beneficiarse de la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En un auto, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional solicita a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito mediante el cual solicitaba penas de prisión de más de nueve años para los cabecillas de la trama. Se trata del primer caso de corrupción que se beneficiará de esta nueva reforma del Código Penal.

El instructor del caso Acuamed pide a la fiscal Anticorrupción, Inmaculada Violán, que revise el escrito por el que solicitaba «la transformación a sumario» y penas superiores de nueve años de cárcel para los investigados, de acuerdo con la Ley Orgánica 14/2022 aprobada el pasado 22 de diciembre por la que se modifica el delito de malversación. Y es que el Ministerio Público pidió al juez que pusiera fin a la investigación y transformara la causa a sumario ordinario –esto se emplea en juicios o procesos penales de hechos delictivos graves que superan los nueve años de cárcel– así como el procesamiento de los investigados.

Sin embargo, el magistrado le ha recordado en un nuevo auto, dictado el pasado 29 de diciembre, que «la nueva reforma del artículo 432 del Código Penal podría suponer una revisión del escrito de la fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario». Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican que en el supuesto de que la reforma del delito de malversación de Sánchez obligue a la Fiscalía a solicitar la transformación a procedimiento abreviado –y no a sumario–, los investigados podrían ver reducidas la petición de penas de cárcel. Así, y a la espera de que la Fiscalía se pronuncie, el juez ha acordado prorrogar la investigación por un plazo de tres meses hasta el 29 de marzo de 2023.

Malversación

El pasado 22 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el Senado aprobó la reforma del Código Penal con la que Pedro Sánchez suprime el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación. Con esta reforma, la malversación se castigará ahora con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.

De acuerdo con esta nueva reforma, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, expone que «aunque se prevé un plazo de veinte días para su entrada en vigor –a contar desde el 29 de diciembre momento en el que se dicta el auto–, lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del Fiscalía, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario» de la causa.

Corrupción en ‘Acuamed’

En el caso Acuamed se investigan las adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, bajo gobiernos de PSOE y PP. Esta causa, que comenzó a investigarse judicialmente en 2015, estalló en enero de 2016 en una macrooperación bautizada como operación Frontino, comandada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción cuando Acuamed dependía del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo titular era el popular Miguel Arias Cañete. Hubo 13 detenidos –cinco de ellos estuvieron en prisión preventiva–, decenas de registros y más de una treintena de imputados por la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. Los investigados están imputados por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental o fraude.

Esta trama de corrupción también afecta al PSOE, sin embargo, la rama socialista se instruye en un Juzgado de Valencia y no en la Audiencia Nacional. En esas diligencias se investigan la presunta financiación ilegal del PSOE nacional a través de esta empresa pública durante los años 2007 y 2008. Y las cifras barajadas se elevan hasta, al menos a 7,45 millones de euros en 2007 y un total de 13,96 millones entre ese año y 2009, cuantías que habrían servido para financiar al PSOE en las elecciones generales de 2008 y cuyo pago se habría repartido entre esos tres años.

El esquema se habría conseguido a través de una red de 47 contratos firmados por la empresa pública justo antes de esos comicios generales de marzo de 2008 que dieron el triunfo a José Luis Rodríguez Zapatero. Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez. Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que «la rama socialista del caso Acuamed» también podrá verse beneficiada por la reforma del delito de malversación impulsada por Sánchez.