España
Fiscalía General del Estado

La Fiscalía descubrió que González Amador era novio de Ayuso 4 días antes de saltar el caso a la prensa

La vinculación sentimental entre González Amador y Díaz Ayuso pasó inadvertida durante meses

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Fiscalía Provincial de Madrid se enteró de que el empresario Alberto González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso apenas cuatro días antes de que se conociese la denuncia por un presunto delito fiscal. El pasado 12 de marzo saltaba a la prensa la noticia de que la Fiscalía había denunciado a este empresario y a otras cuatro personas por, supuestamente, defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.

En el auto del Tribunal Supremo en el que se acuerda la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos se recogen datos llamativos. Por ejemplo, que la vinculación sentimental de González Amador con Isabel Díaz Ayuso pasó inadvertida durante meses en la Fiscalía Provincial. Concretamente, desde enero -cuando se incoaron diligencias- hasta unos días antes de que la investigación saltase a la prensa. El Supremo ha imputado este miércoles a García Ortiz para investigar si está detrás de la filtración a los medios de un correo electrónico remitido por la defensa de González Amador.

El relato de los acontecimientos, recogidos por el Supremo, da así consistencia a la tesis de la utilización partidista de este caso por parte de una institución a la que ha de presumirse la máxima independencia, con el único fin de desgastar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El auto revela que el 8 de marzo, el fiscal de delitos económicos, Julián Salto Torres, encargado del asunto de González Amador, recibió la llamada de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, «, le informó» de que este empresario «tenía un vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid y le pidió copia de la denuncia ya visada».

Esa llamada se habría producido, por tanto, cuatro días antes de que la información sobre el presunto delito cometido por el empresario ocupase los titulares. A partir de ese momento, empieza el relato de la filtración de los correos entre la Fiscalía y la defensa de González Amador y la nota de prensa inédita de la Fiscalía General del Estado.

Información en la prensa

El 13 de marzo, El Mundo publicaba una información con el siguiente titular: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. En la noticia se revelaba un correo del fiscal Julián Salto al abogado de González Amador, Carlos Neira, por el cual, el empresario debería admitir la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de evitar su ingreso en prisión.

En las horas siguientes, medios afines al Ejecutivo, como El País y La Ser, publicaban la información contraria: El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio.

El auto del Supremo recoge cómo el mismo 13 de marzo, «por la noche, sobre las 21 horas», el fiscal Salto «recibió una llamada de un teléfono fijo que no contestó». «Y después le llamó la fiscal jefa provincial, a la que no escuchaba bien, volviéndole a llamar a las 22 horas, diciéndole que el fiscal general del Estado la ha llamado preocupado por una noticia de prensa sobre un acuerdo de conformidad y le pide una dación en cuenta urgente de todos los correos intercambiados» con el abogado Carlos Neira, defensor de González Amador.

La Fiscalía pide los correos

La fiscal jefa provincial, recoge el auto, declaró que «el 13 de marzo, a partir de las 21.30 horas, recibe en su casa una llamada de la Fiscalía General del Estado en donde le piden los correos electrónicos intercambiados entre Julián Salto con el abogado Carlos Neira. Le explican que iban a dar una nota de prensa para desmentir una información que está circulando por las redes». Recibidos los correos, el auto destaca que «fue ella quien se los envió al fiscal general del Estado».

Según el relato recogido por el Supremo, el fiscal de delitos económicos, Salto, llamó por su parte a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, «informando que la fiscal jefa de la Audiencia Provincial le exigió el envío de los correos electrónicos previos de negociación, a instancias del fiscal general del Estado».

Lastra, por su parte, recibe la llamada del jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, informándole de que le ha llegado una nota de prensa para desmentir la información del pacto y que no está de acuerdo con el contenido. El fiscal general del Estado también la telefonea y le dice que «debería publicarse la nota», negándose ella a «asumirla al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal y el abogado» de González Amador.

La difusión de la nota de la Fiscalía General desató una enorme tensión con la Fiscalía de Madrid. El 14 de marzo por la mañana, el gabinete de la Fiscalía Superior de Madrid remite a los medios una nota de prensa donde se revela el contenido de las conversaciones mantenidas con el abogado de la pareja de Ayuso, según la cual, la iniciativa del pacto habría partido de González Amador.

La publicación del comunicado provocó la reacción inmediata del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que anunció una denuncia contra la Fiscalía. La pareja de Díaz Ayuso se querelló contra la fiscal provincial de Madrid y el fiscal de su caso por revelación de secretos en la nota de prensa y en el email remitido por su defensa.

El Supremo ha acordado este miércoles imputar a García Ortiz por revelación de secretos por la filtración de datos reservados. Igualmente, se ha declarado competente para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.