Los fiscales del Supremo estallan por la cacicada de Sánchez para premiar a Delgado: «Es un disparate»

Indignación en la Fiscalía del Tribunal Supremo tras la última cacicada de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno pretende pagar los favores que le ha prestado durante años la actual fiscal general del Estado y ex ministra de su Gobierno, Dolores Delgado, mediante una modificación sustancial en la Ley del Estatuto Fiscal. El cambio permitirá a Delgado ascender a la máxima categoría de la Carrera Fiscal cuando llegue el momento de ser cesada como responsable del Ministerio Público: fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Esto ha generado un gran enfado entre los compañeros de profesión del Supremo, que consideran que es un movimiento «ilegal y un disparate jurídico».

Fuentes fiscales aseguran a OKDIARIO que esta burda maniobra de Sánchez supone «un ascenso por la puerta trasera». Un trato de favor por parte del Gobierno que califican de «impresentable» y, añaden, «jurídicamente insostenible porque quiebra el principio de igualdad en la promoción interna» de la Carrera Fiscal. «Esto supone un menosprecio al trabajo de aquellos que han conseguido tan distinguida categoría», exponen.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido entre sus enmiendas a la ley concursal una que establece que si el fiscal general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo. Concretamente, la enmienda 603 indica en el apartado cuarto que se modifica el apartado 6 del artículo 31 de la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que queda redactado como sigue: «Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese».

Premio a «los servicios prestados»

Delgado se encuentra actualmente en servicios especiales tras dejar su plaza en la Audiencia Nacional para formar parte del Gobierno socialista. Sin esta modificación en el Estatuto, se vería obligada a regresar a su plaza. Pero, con esta operación sanchista, la fiscal general adquirirá la condición de fiscal de Sala tras su cese. Un ascenso regalado que, además, le permitirá poder ocupar un cargo en la Fiscalía del Alto Tribunal y seguirá teniendo poder en las causas que afectan a los miembros del Ejecutivo que están aforados ante el Alto Tribunal.

De esta manera, el presidente del Gobierno premia a la ex ministra por la gestión realizada al frente de la Fiscalía. Durante su mandato, el Ministerio Público se ha opuesto a investigar al Ejecutivo Sánchez por su gestión de la pandemia. Tampoco ha visto delito en las denuncias presentadas –durante el Estado de Alarma– contra miembros del Gobierno por la compra de material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, sí ha abierto una investigación por el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ministra de Justicia2

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha tratado de justificar esta maniobra. Según Llop, «tanto el Gobierno como el PSOE están comprometidos con la regeneración democrática de nuestro país y con incrementar la calidad democrática de las instituciones» y por eso se introduce ese cambio legal que supondrá el ascenso de Delgado. Desde el PSOE se remiten al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que, en su consideración, justificaría la medida. Sin embargo, ese informe recomienda únicamente «reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general», «establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno» y «estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal».

En su informe, el GRECO manifiesta su preocupación porque en España, según su última evaluación, «no se había producido ningún cambio en el método de selección ni en la duración del mandato del fiscal general, una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal en España». El GRECO señala que es necesario «garantizar la no injerencia de las presiones externas» en el ejercicio de los fiscales.

Fuentes fiscales concluyen que esta modificación carece de sentido. «Es como si un ministro, por el hecho de haberlo sido, queda integrado de por vida en un cuerpo de alto nivel del Estado o si un ex ministro de Exteriores se queda en el cuerpo diplomático», sentencian.