Fiasco del Ingreso Mínimo Vital: más de 40.000 personas denuncian el reclamo de «cobros indebidos»
Según las quejas, la Seguridad Social les ha enviado cartas indicando que tienen que pagar en "30 días"
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Más de 40.000 personas acogidas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) han denunciado que la Seguridad Social les ha enviado cartas a sus domicilios exigiendo «cobros indebidos» de hasta «miles de euros» con deudas que «no sabemos de dónde han salido», traduciéndose en el fiasco de una de las prestaciones estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.
En sus quejas, las personas, a las que va dirigida esta prestación, señalan que en las cartas de la Seguridad Social, les reclaman cobros indebidos, como se ha citado anteriormente, les conminan a pagar la deuda «en un plazo de 30 días» o con «un recargo del 20%» y denuncian que «la deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial». Una circunstancia, que según consideran, deja «en total indefensión» a los perceptores de esta ayuda a personas en situación de vulnerabilidad económica, creada hace tres años, haciendo responsable a la Seguridad Social.
Según exponen las personas a las que va dirigida la prestación en riesgo de pobreza, «nos llegan cartas reclamando cobros indebidos, con unas cantidades que no sabemos ni de dónde han salido. Creando desorden, descontrol y miedo entre las personas más vulnerables. Lo que en un principio era una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecemos de recursos económicos, se ha convertido en un auténtico drama».
Los impulsores de la iniciativa, registrada en www.change.org, reclaman que tienen dificultad para ponerse en contacto con la Seguridad Social en sus intentos de aclarar las reclamaciones. Por todo ello, solicitan «que paren inmediatamente la mala gestión y la mala praxis sobre el IMV», que tengan en cuenta «la situación económica del año en curso y no del año anterior», que no les obliguen a devolver el dinero cuando «no» han «incumplido nada» y que «paralicen las deudas» que estén en proceso judicial hasta que un juez dicte sentencia.
Entre las quejas más destacadas se subraya que hay «demasiados errores administrativos. El Sistema Administrativo no cumple correctamente con su función que es, tramitar, revisar y aprobar. Parece un maltrato administrativo para sus perceptores».
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