Facturas en poder del juez demuestran que Iglesias cobró 12.600 € de empresarios iraníes siendo diputado

Los pagos recibidos por Pablo Iglesias del régimen iraní se ha constatado de nuevo este viernes con la reciente documentación recibida por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha incorporado al sumario unos documentos que detallan las transacciones financieras realizadas a través de una empresa de capital extranjero al ex líder de Podemos. Todo ello cuando ya era político en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados. Posteriormente saltó al Gobierno de España de Pedro Sánchez como vicepresidente segundo.

La documentación, presentada el pasado 10 de febrero, viene a corroborar las informaciones publicadas previamente por medios de comunicación como OKDIARIO ya por 2016. Ahora, el administrador único de la empresa Ziba Talents SL, Mahmud Alizadeh Azizi, ha respondido a la solicitud judicial proporcionando detalles sobre la contabilidad de la empresa y los pagos relacionados con la dirección del programa «Fort Apache».

Un aspecto significativo de la investigación revela que la empresa, anteriormente conocida como Global Media SL, experimentó un cambio de denominación hasta convertirse en la actual Ziba Talents. En su respuesta al juzgado, Azizi ha precisado una limitación importante: debido al tiempo transcurrido –superior a los seis años de custodia obligatoria de documentos contables– no puede garantizar la totalidad de las facturas emitidas durante 2016. Podrían ser más.

No obstante, la documentación aportada incluye seis facturas detalladas que cubren un periodo específico de 2016. En concreto de las fechas de 18 de febrero (2.800 euros), 21 de marzo (2.100 euros), 20 de abril (2.100 euros), 17 de mayo (2.800 euros), 6 de junio (1.400 euros) y 1 de julio (1.400 euros). A ello se sumaba el pago del teléfono móvil del ex líder de Podemos.

La revelación de estos documentos representa un paso significativo en las diligencias que investigan la denuncia presentada por Podemos contra anteriores altos cargos del Ministerio del Interior. Aunque los de Pablo Iglesias querían confirmar en esta causa una guerra sucia o lawfare a su partido por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy lo cierto es que se está constatando que había razones para investigar. Los cobros de un representante político de empresarios de un país oriental con una cultura que choca radicalmente con las libertades de occidente dieron la voz de alarma. Desde Teherán el objetivo era desestabilizar sus países rivales con medios de propaganda como Hispan TV. Iglesias se prestó a ello defendiendo a Irán y atacando el sistema democrático vigente en España.

Fuentes del caso subrayan a OKDIARIO que el caso se está «desdibujando». Uno de los elementos que ponía sobre la mesa Podemos es que las fichas policiales de sus diputados se consultaron por la Policía. No obstante, el juez ha confirmado que se trata de consultas ordinarias, por ejemplo, cuando alguien se aloja en un hotel. Estas mismas fuentes aseguran que los investigados no serán condenados a penas de cárcel como le gustaría a Podemos.

Siendo diputado

La relevancia de estos pagos radica en que coinciden con el período en que Iglesias ejercía como líder de Podemos y ocupaba un escaño en el Congreso de los Diputados. Este aspecto ha sido objeto de especial atención por parte de los investigadores.

Un elemento crucial en esta investigación es el papel del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), que elevó al menos tres informes de inteligencia financiera a la Policía Nacional. Estos documentos señalaban posibles conexiones entre empresas bajo sospecha de blanqueo de capitales y la productora 360 Global Media, responsable de programas como «Fort Apache» y «La Tuerka», emitidos en Hispan TV, la televisión de la propaganda del régimen dictatorial de Irán.

La investigación del Sepblac, que opera como unidad de inteligencia financiera bajo la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, identificó patrones de movimientos financieros poco transparentes. Uno de estos informes fue considerado lo suficientemente significativo como para ser remitido a la Comisaría General de Información, sugiriendo la necesidad de una investigación policial más profunda.

Es importante destacar que el Sepblac, aunque no forma parte directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cumple un papel fundamental en la detección y análisis de operaciones financieras sospechosas. Su trabajo, caracterizado por la discreción y el rigor, ha sido clave para establecer las bases de esta investigación y otras investigaciones que continúan su curso en la Audiencia Nacional.