El ex número dos de Interior pide salir de la cárcel alegando que no puede destruir pruebas

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) que lo investiga como miembro de una presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados que lo ponga en libertad. Alega que no tiene «capacidad para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas».

Su abogado, Pedro Colina, ha recurrido el auto por el que la instructora, María Tardón, envió a Martínez a prisión provisional el pasado jueves al considerar que éste «desempeñaría un rol central en la consolidación y sostenibilidad» de la trama que fue desarticulada tras la Operación Borraska.

Francisco Martínez está investigado por supuestos delitos de blanqueo, organización criminal y revelación de secretos junto al hacker Alcasec. Fue detenido el pasado 27 de mayo y el día 29 ingresó en prisión tras declarar ante la juez. En el escrito, su abogado ataca la resolución judicial de la juzgadora que envió a su cliente a prisión provisional, tildándola de relato «pomposo» y «artificial».

El letrado sostiene que «no existe ni un solo elemento» en el citado auto del que se infiera «la capacidad» del que fuera número dos de Interior con el Partido Popular «para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas».

Colina se pronuncia así sobre la alusión de la magistrada al supuesto asesoramiento que Martínez habría prestado a la madre de Alcasec, participando «en actuaciones de obstrucción procesal» y asesorándola «en tal sentido» para guiarla en la «destrucción de pruebas relevantes».

Botón de autodestrucción

«Sin saber en qué consistió exactamente ese asesoramiento telefónico a una madre orientado a destruir pruebas relevantes, entendemos que de su hijo, es muy difícil valorar la capacidad o más bien la telecapacidad de Martínez para hacer desaparecer las evidencias digitales del presente caso», argumenta el letrado de Martínez.

Y asegura que «no hay más indicio» para afirmar que su cliente, «bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo».

Coordinador jurídico-operativo

La magistrada María Tardón señala a Francisco Martínez como el supuesto «coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal», destacando su «perfil profesional», «que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado».

Otorga a Martínez un «rol central» en la red de ciberataques que presuntamente lideraba el hacker José Luis Huertas, Alcasec, con una función que «abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional», gracias a la asesoría del ex número dos de Interior, abogado que le asistió en su primera detención en 2021 cuando era menor.

La defensa de Martínez rechaza ese supuesto «rol central en la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal» y reitera, como hizo en su declaración, que trató de «reinsertar en la sociedad a José Luis Huertas» desde que le representó como abogado, «reconduciéndole desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad, con el conocimiento y consentimiento de la Fiscalía de Menores».

Colina se plantea «cuál es la contribución concreta y específica de Martínez a esa compleja y sofisticada red tecnológica de sustracción y comercialización de datos». «¿No será que la imputación de don Francisco Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?», se pregunta con ironía.

Además de Martínez, se encuentran en prisión Alcasec y un tercer investigado, Adrián M. También fue detenido en Andorra, el youtuber Álvaro Martín, para quien la Fiscalía ha pedido su extradición.

Posible vulneración de derechos

Por otro lado, el letrado asegura que Martínez ha sufrido «indefensión por la ausencia de la comunicación de elementos esenciales de la imputación» en una causa que permanece todavía bajo secreto.

«El secreto de las actuaciones no puede abarcar a los hechos que se imputan al investigado y a las razones motivadoras de la privación de libertad, ni impedir el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para cuestionar e impugnar la legalidad de la privación de libertad», afirma la defensa.

Y añade que «si los elementos esenciales sobre la intervención de Martínez en el entramado jurídico o sobre el riesgo de destrucción de fuentes de prueba se han omitido, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la defensa y a la libertad».

«Ya que ni él ni esta su representación procesal y asistencia letrada pudieron evitar la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva mediante alegaciones realizadas con un conocimiento directo de los elementos de las actuaciones en los que dicha medida cautelar se sustentaba», critica.

Una red transnacional con gran capacidad

Tardón relata en el auto en el que acordó el ingreso en prisión de Francisco Martínez que la trama habría «evolucionado desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que trascienden el mero beneficio económico, alcanzando una dimensión de control y explotación masiva de información sensible».

La instructora pone el foco en la «continuada relación» que el ex secretario de Estado mantenía con Alcasec desde al menos 2021, cuando este último fue detenido siendo menor de edad. Según la instructora, Martínez «le habría asesorado legal y fiscalmente en relación con la sociedad Horus Corp, en la cual Adrián Molina -otro de los investigados y vinculado al hacker- aparece como su administrador único».

«Estos vínculos refuerzan la inferencia de que Martínez conocería en profundidad el rol operativo y técnico de ambos dentro del entramado criminal», precisa la magistrada.

De acuerdo a la juzgadora, Martínez se habría hecho cargo de la «configuración legal y operativa, cumpliendo un rol central en el diseño de estructuras societarias que actuarían como fachadas legales de la actividad criminal».

«Estas sociedades, administradas formalmente por terceros como Molina, se estarían utilizando para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y aparentar una actividad económica lícita», detalla.

Según expone en el auto, esta arquitectura «permitiría desvincular formalmente» a Alcasec de los beneficios generados por el entramado delictivo, reduciendo su exposición directa.

«Actividades que exceden ampliamente las funciones de la defensa técnica legal y evidencian su participación activa y consciente en las actividades propias del entramado criminal», agrega.

Además, destaca que a Martínez también «puede atribuirse la conducción de iniciativas orientadas a insertar a Huertas en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas, participación en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad».

Trata de desvincularse de Huertas

Martínez trata de desvincularse de José Luis Huertas aduciendo que «nada tiene que decir» sobre los hechos que este habría protagonizado: el presunto robo de datos en organismos públicos y privados y su almacenamiento masivo y organizado en el extranjero para su posterior uso, análisis y comercialización.

La intervención de Martínez, según alega en el recurso, «se había limitado a la constitución de dos sociedades (Horus y Avenio) y a la llevanza de la contabilidad de la primera», si bien no realizó «un solo acto de gestión, administración, dirección o apoderamiento en esas u otras mercantiles».

Respecto al acceso a un bot de Telegram, facilitado por Huertas, donde efectuó 21 consultas en ocho meses, el abogado de Martínez dice que «se ignora qué consultó» pero que, en cualquier caso, no es una actividad de «blindaje legal» y «podría tratarse perfectamente de una consulta profesional enmarcada y protegida por el secreto profesional abogado-cliente».

El letrado explica que según el auto de la AN, lo que se pretende con la prisión es evitar que Martínez «borre la información supuestamente alojada por José Luis Huertas» en el servidor suizo de una empresa, con sede en Zúrich, o en la nube de MEGA, si bien asegura que no puede inferirse la capacidad del ex secretario de Estado de Seguridad para hacerlo.

Y recuerda que la Fiscalía adujo al riesgo de que Martínez borrara la información que guarda sobre sus clientes en su servidor, «no la información sustraída por José Luis Huertas», de modo que entiende que si la Policía ha logrado acceder al mismo, el fiscal apoyará su petición de libertad.

La juez también sospecha que Martínez habría asesorado a la madre de Huertas para destruir pruebas. Al respecto, la defensa señala la dificultad de valorar la «telecapacidad» para «hacer desaparecer las evidencias digitales».