La eurodiputada Beatriz Becerra denuncia ante Bruselas «la manipulación de niños» por el independentismo

La eurodiputada española Beatriz Becerra se está revelando como una de las más activas en la defensa del Estado de Derecho y las libertades que se están viendo amenazadas estos días en Cataluña. Este mismo lunes, la eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos ha denunciado ante la Comisión Europea «la manipulación» de menores para hacer propaganda secesionista por parte de centros de enseñanza públicos, entidades sociales y políticas separatistas catalanas e incluso la televisión pública autonómica.

Más allá de declaraciones a los medios, videoblogs, artículos y análisis mediáticos —que también—, Becerra está presentando iniciativas legislativas e inquiriendo a los presidentes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión para que expliciten «con la mayor firmeza posible» la posición oficial de la Unión Europea respecto al desafío independentista a las leyes y a la Constitución por parte del Gobierno de la Generalitat catalana.

La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara ha remitido tres preguntas por escrito a la Comisión para que Bruselas conteste si considera que «TV3 vulnera la legislación comunitaria en relación a la protección de los menores» cuando ha servido como soporte para «hacer proselitismo» con menores organizados por la ANC y Omium durante la última Diada.

También requiere la diputada comunitaria que la Comisión explique si cree que las excursiones organizadas por institutos como el Lluís Peguera de Manresa para llevar a sus alumnos a las manifestaciones independentistas, u otro en Olot que pidió permiso a los padres para llevar a los alumnos a concentraciones a favor del referéndum ilegal en horario lectivo «son una vulneración de los derechos del niño».

Recuerda Becerra que tanto la legislación comunitaria, en su Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual, como la internacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, «protegen a los menores de su utilización ilegítima en campañas políticas».

Finalmente, en esta carta enviada a las oficinas de Jean-Claude Juncker, la eurodiputada pregunta cómo va a «garantizar» la Comisión «que los niños no son utilizados para fines políticos en el marco del proceso secesionista iniciado por el Gobierno autonómico de Cataluña».

Iniciativas anteriores

Becerra ya logró que el presidente de la Eurocámara, el italiano Antonio Tajani, se expresara de una manera contundente respecto del golpe de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus partidos políticos. El pasado 7 de septiembre, Tajani respondió a otra pregunta por escrito de la miembro del Parlamento Europeo aclarando —una vez más, «pero con una claridad nunca antes expresada por otro presidente de una institución europea»— que una región que proclama su independencia quedaría fuera de la Unión Europea.

Es más, Tajani llegó más allá de la llamada ‘doctrina Prodi’ apuntando que actuar contra la Constitución de un Estado miembro supone ir “en contra del marco legal de la Unión Europea”. Y explicó que «toda acción en contra de la Constitución de un Estado miembro es una acción en contra del marco legal de la Unión Europea. Respetar el Estado de derecho y los límites que impone a quienes gobiernan no es una elección sino una obligación”.

A la semana siguiente, durante el discurso de Juncker ante la Eurocámara en la inauguración del Debate sobre el Estado de la Unión, el presidente de la Comisión, incidió en el mismo sentido: advirtió a los independentistas catalanes que, desafiando la Constitución, el estatuto de Autonomía y las sentencias del TC, se están poniendo enfrente de los valores que constituyen los pilares de la UE, que son enemigos de las instituciones: “Formar parte de una Unión basada en el Estado de derecho significa aceptar y respetar las decisiones judiciales”.

Becerra lleva tiempo reclamando una postura «más firme» de las instituciones europeas respecto del desafío catalán. En más de una ocasión ha planteado públicamente que sería conveniente que los tres presidentes —Tajani (Parlamento), Juncker (Comisión) y Tusk (Consejo)— firmaran una declaración conjunta «defendiendo la doctrina Prodi, pero todos juntos y de manera taxativa».