La etarra ‘arrepentida’ Carmen Guisasola vuelve al banquillo por un asesinato de ETA de hace 30 años

La Audiencia Nacional será testigo, como cientos de veces antes, de un juicio contra miembros de ETA por el asesinato de un policía. Sin embargo, el que se celebra este martes tiene un componente histórico y político indudable. En el banquillo estará una histórica dirigente de la banda terrorista, la etarra «arrepentida» Carmen Guisasola, una de las abanderadas de la conocida como vía Nanclares. Junto a ella debería estar el terrorista que ordenó el secuestro de Ortega Lara, Julián Achurra, uno de los últimos presos que han sido trasladados cerca del País Vasco pese a no haber mostrado ningún arrepentimiento con las víctimas, pero Francia se ha negado a que sea juzgado.

Ambos ordenaron el asesinato del Policía Nacional Ignacio Pérez Álvarez, quien murió tras estallar una bicicleta bomba. Junto a Guisasola, en el banquillo, los dos autores materiales del asesinato, Óscar Abad y José Ramón Martínez. Los tres se enfrentan a penas de 30 años de prisión como autores de un delito de asesinato con finalidad terrorista.

El juicio es de una importancia capital, pues no ha prescrito el delito por tan solo dos meses. Es lo que se conoce como las causas olvidadas, aquellos asesinatos sin resolver de la banda terrorista que a veces se reactivan, como ha ocurrido en este caso, la pericia de un fiscal que no olvida y que, contra todo pronóstico, consigue sentar en el banquillo a los asesinos la friolera de 30 años después del crimen.

El asesinto

Los hechos sucedieron un 30 de enero de 1990. Ignacio salió de su casa para ir a tomar el aperitivo. Al llegar a su coche, un Seat 124, Abad y Martínez accionaron una bomba que previamente habían colocado dentro de las alforjas de una bicicleta que habían situado junto al coche del agente. No tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir, la explosión fue tan fuerte que le causó la muerte en el acto.

Ignacio estaba casado y tenía tres hijos pequeños de cuatro, diez y doce años. Natural de León, el impacto de su muerte fue brutal para sus vecinos de la localidad leonesa de Villagatón. A su entierro acudieron más de 4.000 personas. Así, con una bicicleta bomba segaba la banda terrorista otra vida, la de miembro de la Brigada de Automoción de la comisaría de Galdácano, donde llevaba ocho años destinado.

El atentado ocurrió en 1990, pero tres años después, y pese a haber citado a testigos y demás personas que podían arrojar luz, el magistrado instructor se vio obligado a archivar el caso. Unos años más tarde el caso volvió a reabrirse para practicar una diligencia, pero en pocos meses se volvió a cerrar. El asesinato estaba a punto de prescribir en 2013, cuando el fiscal le pidió a la policía un último esfuerzo.

Los agentes comenzaron a inspeccionar sumarios antiguos en busca de la pieza que permitiera seguir adelante con el caso. La esperanza era mínima, pero contra todo pronóstico dieron con la clave. En otro sumario de 1992, precisamente el de la detención de los autores materiales de este crimen, ambos explicaron que a las órdenes de Guisasola habían cometido varios atentados, entre ellos, el de la bicicleta bomba que acabó con la vida de agente Ignacio Pérez.

Además de ese sumario de 1992, la Guardia Civil también encontró otro sumario de 1990. En ese estaba recogida una entrada y registro en la casa del colaborador que escondió a los cerebros del atentado. Ya en 1990, el colaborador de ETA explicó que había acompañado a Achurra a comprar la bicicleta para el atentado. Además, se tomaron varias huellas que ahora han sido cotejadas y coinciden con las de Achurra y Guisasola. Y, junto a las huellas, se encontraron varios papeles firmados por la «arrepentida» que la vinculan con el asesinato.

Así, con un poco de suerte, y mucha tenacidad, se ha podido esclarecer uno de los 300 crímenes de ETA cuyos sumarios siguen acumulando polvo en la Audiencia Nacional. Gracias a un fiscal que no olvida a las víctimas y a unos policías incansables se podrá hacer Justicia a Ignacio Pérez.

Históricos

Este juicio tiene un componente político innegable, pues sienta en el banquillo a Carmen Guisasola y no a Julián Achurra, pese a que el asesinato fue ordenado por ambos.

En el caso de Carmen Guisasola salió de la cárcel en 2014 tras cumplir 24 años de condena. La mujer dejó el presidio con el fin de la doctrina Parot. Miembro de la banda terrorista desde la Transición, fue detenida en Francia en 1990. Acusada de varios asesinatos, fue expulsada de ETA en 1998 por cuestionar las actividades terroristas de sus compañeros. Guisasola ha sido de las más críticas con el comportamiento de la izquierda abertzale, a cuyos dirigentes ha llegado a pedir que asuman responsabilidades por su complicidad con ETA.

Guisasola formó parte de varios comandos de ETA entre 1982 y 1989 y fue condenada a decenas de años de cárcel por participar en cuatro asesinatos: un sargento de la Guardia Civil, un policía municipal, un marinero y un comerciante.

En el extremo contrario a Guisasola se encuentra Julián Achurra Pototo, quien junto a José Luis Aguirre Lete Isuntza ordenó el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Si su ex compañera ha pedido disculpas a las víctimas, Pototo jamás ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento por los execrables actos cometidos mientras fue uno de los dirigentes de la banda terrorista.

Este etarra, que cumplía condena en la prisión de Puerto I de Cádiz, fue trasladado este verano al Centro Penitenciario de Madrid VI, en Aranjuez (Madrid). El motivo de su traslado, según el Ministerio del Interior, fue que había sufrido un ictus que afectaba gravemente a su movilidad y que la cárcel de Puerto I es muy antigua y no se adecuaba a un enfermo de sus características. Un acercamiento encubierto dentro de la nueva política de acercamiento de presos del Gobierno de Sánchez.

El problema con Achurra ha estado en que Francia concedió la extradición para juzgarlo por el secuestro de Ortega Lara, pero no por este crimen. Por tanto, desde la Audiencia Nacional se pidió permiso al país vecino para juzgarlo. Sin embargo, las autoridades galas negaron esa posibilidad aduciendo que el crimen estaba prescrito, una maniobra que según el Convenio de Dublín no se puede hacer.

Dicho convenio, firmado también por Francia, dice, entre otras cosas, que la prescripción la marca la legislación de cada país, por tanto deberían haber dado permiso para sentar en el banquillo a Pototo. Más aun teniendo en cuenta que la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional ha dicho que no está prescrito. Pero, finalmente, se ha producido uno más de los ya tristemente famosos desencuentros con Francia por culpa de ETA.