El ‘estudio’ con el que Sánchez justifica la censura de las redes sociales lo hizo ¡el propio Gobierno!

Pedro Sánchez continúa su batalla particular contra la «tecnocasta». El presidente del Gobierno ha anunciado en el acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, nuevas medidas para hacer frente a la «carrera tecnológica despiadada», entre las que se incluyen el fin del anonimato en las redes sociales, profundizar en la transparencia algorítmica para «hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal». Unas medidas que el propio Gobierno ya recoge en un documento elaborado por el mismo Ejecutivo en el que se recomienda endurecer la regulación en redes sociales y aplicar sanciones.

El Ministerio de Igualdad ha presentado poco después del discurso de clausura de Sánchez un estudio sobre la percepción de las mujeres en redes sociales. En él, el propio Gobierno, establece unas recomendaciones a seguir para «hacer más seguras estas plataformas». Un plan de acción para evitar que «el espacio digital se convierta en el salvaje oeste», según ha manifestado el propio presidente del Gobierno. En el citado informe, el organismo encabezado por Ana Redondo, es decir, el Gobierno, recomienda endurecer la regulación en redes sociales.

Concretamente, el estudio expone «la necesidad de afianzar formas de control eficaces que les permitan rendir cuentas respecto a su funcionamiento, su contenido y las actuaciones que realizan respecto a sus impactos negativos o no deseados y cómo los minimizan y responden ante ellos». Para frenar estas prácticas, el Ejecutivo aboga por imponer multas. «La importancia de crear un baremo de sanciones y penalizaciones a las plataformas digitales que vulnerasen la reglamentación y la normativa. Se busca la aplicación eficaz de la legislación», reza el informe.

Además, el texto también aborda el tema del anonimato en redes. «Sobre el marco regulador relacionado con las y los usuarios, se subrayó la necesidad de terminar con la impunidad que posibilita el anonimato en redes. Se demanda que, por tanto, también existieran herramientas de identificación personal para la rendición de cuentas en caso de que llegara a ser necesario», apunta el texto. Así, la mayor parte de las propuestas que Sánchez ha defendido para banquear su censura en redes ya están recogidas en el informe elaborado por el ministerio.

«El Observatorio de Derechos Digitales comparte esa misma filosofía: que estos derechos sean reales, tangibles y efectivos en la vida de todas las personas desde la colaboración público-privada, con la participación del mundo académico, empresarial y de la sociedad civil. Estamos ante un momento decisivo, que nos obliga a elegir entre dos alternativas: o seguimos el rumbo que marcan otros y nos dejamos llevar por la corriente, o asumimos el liderazgo para definir una nueva manera de entender, diseñar y construir la tecnología. Optemos por esta última vía: ser dueños de nuestro propio destino», ha concluido Sánchez.

Sánchez versus ‘tecnocasta’

En el acto de este miércoles, Sánchez ha enumerado las medidas que llevará ante Europa para iniciar esta cruzada contra las redes: acabar con el anonimato en redes sociales, profundizar en la transparencia de los algoritmos y marcar la moderación en las redes sociales como un requisito; y conseguir que los CEO de estas grandes plataformas online se hagan responsables de los daños que estas causan.

Además, el presidente del Gobierno ha avanzado que «en las próximas semanas» va a aprobar la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales y que va a dotar de los recursos materiales y humanos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales. La designación de la CNMC formaba parte del primer decreto ómnibus, el que decayó el 23 de enero. La idea de que este organismo ejerciese como coordinador de Servicios Digitales responde al Reglamento europeo 2022/2065, que pedía a los Estados miembros que designaran a un organismo para llevar a cabo esta función «a más tardar el 17 de febrero de 2024».