El Estado ha dado más de un millón de euros a Podemos para la seguridad privada de Montero y otros líderes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 21/11/2019 06:49
  • Actualizado: 21/11/2019 16:26

Podemos ha recibido 1,15 millones de euros públicos, desde su nacimiento, para sufragar los gastos derivados de la seguridad privada de los partidos políticos. Entre los gastos subvencionables con dinero del Estado se encuentra el personal de escolta al servicio de sus dirigentes. El Ministerio del Interior se hace cargo tanto de los costes de contratación de este personal como de los gastos inherentes al ejercicio de sus funciones. Este miércoles, OKDIARIO revela que una ex escolta de Pablo Iglesias, contratada por Podemos, ha demandado al partido por el trato laboral «discriminatorio» recibido por parte de Irene Montero.

Las subvenciones para gastos de seguridad privada quedaron establecidas por primera vez en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y fueron desarrolladas por un real decreto, en 2011, en el que se fijaban  los gastos subvencionables y la necesidad de justificación.

En el decreto, aprobado bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, se defienden estas ayudas para «sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional».

La tramitación de las subvenciones corresponde a Interior y se conceden trimestralmente a cargo de los Presupuestos Generales. Según la última partida, reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Podemos (excluyendo sus confluencias) recibió 104.718,96 en el segundo y tercer trimestre de este año.

«Personal de escolta»

Los partidos, se advierte en el decreto, deben utilizar los fondos «para financiar actividades subvencionables durante el período a que correspondan las subvenciones» y, además, presentar la debida justificación ante el Tribunal de Cuentas, a fin de someterse a las comprobaciones que sean requeridas.

Interior considera como gastos subvencionables la contratación de «personal de seguridad» , el «acondicionamiento, instalación y mantenimiento de la seguridad de las sedes» (mediante la colocación de persianas o cristales de seguridad, alarmas, cerraduras y puertas de seguridad, videocámaras, grabador de imágenes 24 horas, mecanismos de detección de accesos, centralitas, protección contra robos, etc). Además, podrá pagarse con dinero público los gastos derivados de la «protección de las personas». Entre ellos, el «personal de escolta», así como «vehículos blindados, inhibidores de señales y GPS para los vehículos, y auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos». Gracias a ello, Podemos ha recibido 1,08 millones de euros desde 2016. 

Los partidos también pueden costear con fondos públicos los sistemas informáticos para el acceso a sus sedes o para proteger la información sensible. Asimismo, correrán a cargo de las arcas españolas los gastos derivados de la «organización y realización de actos públicos y eventos» en lo relativo al personal de seguridad y acondicionamiento de espacios y locales.

Sanciones

Las ayudas se reparten en función de los resultados electorales obtenidos por cada partido político, en relación a escaños y votos. La cuantía total se prorratea en doce partes, y la Dirección General de Política Interior la transfiere mensualmente a cada partido político, según el decreto.

Las subvenciones están sometidas al control del Tribunal de Cuentas. Los gastos deberán recogerse en los libros de contabilidad y en las cuentas anuales que el partido presenta ante el organismo. Además, las formaciones están obligadas a presentar una memoria justificativa de que el dinero abonado se ha utilizado efectivamente para gastos de seguridad, con las correspondientes facturas.

En caso de incumplimiento, el Tribunal de Cuentas podrá acordar la imposición de sanciones, que podrán conllevar la prohibición de recibir subvenciones. Se avisa también de que, en caso de no cumplir los requisitos, «se procederá al reintegro total o parcial» de las ayudas.

Como publica OKDIARIO, una trabajadora de Podemos denunció que Irene Montero la «de manera recurrente» y fuera de horario a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares hasta el casoplón de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja.