España
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Estado costeará todo el descuento del transporte público en Cataluña como pago de Sánchez a Junts

El Estado cubrirá el total del descuento (un 50% del billete), mientras que el Govern ya no tendrá que poner fondos de su parte

El Gobierno de Pedro Sánchez abre otro frente con las comunidades autónomas para contentar a Junts y evitar que los de Carles Puigdemont tumben los tres decretos que el Ejecutivo ha llevado ante el Congreso de los Diputados. Para convencerles, Sánchez ha puesto sobre la mesa una sarta de cesiones y prebendas, y entre ellas, una medida que rompe -otra vez- la igualdad entre comunidades autónomas: mientras en el resto de España el Gobierno cubre un 30% del descuento al transporte público, con las comunidades asumiendo otro 20% restante, en Cataluña Sánchez se compromete a pagarlo todo con las arcas públicas del Estado. El descuento al transporte para los catalanes no le costará un solo euro al Govern.

Las arcas públicas, el dinero de todos los españoles, cubrirán la totalidad del descuento al transporte público en Cataluña. La medida de los descuentos entró en vigor en febrero de 2022, con motivo del alza de precios, obligaba a las comunidades autónomas a aportar al menos un 20% de ese descuento, que el Estado cubría con el 30% restante hasta conseguir una rebaja a la mitad exacta de cada abono de transporte.

Así se ha mantenido el sistema hasta ahora, tras el pacto al que han llegado el PSOE y Junts para que los de Puigdemont no le tumben a Sánchez sus decretos. En esa negociación, las reglas cambian: el Estado asume ese 20% que hasta ahora pagaba Cataluña de su bolsillo para que los catalanes pudiesen viajar más barato. A partir de ahora, las arcas públicas sostendrán todo el descuento.

La medida supone, de facto, un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas, que seguirán financiando el 20% de la ayuda. Y más en el caso de Madrid, donde la Comunidad elevó hasta el 30% el descuento que cubre con fondos propios.

Madrid bonifica el 30%

El más perjudicado por esta medida será Madrid. La Comunidad aprobó a finales de diciembre, a través del consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes, mantener a partir del 1 de enero de 2024 la rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público.

De esta forma se prorrogaba la medida que lleva en vigor desde el 1 de febrero de 2023 y que ha rebajado considerablemente los precios del transporte para casi siete millones de madrileños.

Según informó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso este descuento supone un ahorro de 30 millones de euros al mes para el conjunto de los ciudadanos que utilizan el transporte público. De ellos, 15 millones los cubre el Estado y 15 millones la Comunidad de Madrid. Una carga de la que ahora libera Sánchez al Govern, derivándola directamente a las arcas públicas. Al dinero de todos los españoles.

Más cesiones

Junts vuelve a salirse con la suya y le arranca al Gobierno de Pedro Sánchez un compromiso para presionar a aquellas empresas que se fueron de Cataluña por el procés y ahora se nieguen a volver. Se habla de «incentivos» para las que lo hagan, pero también de «sanciones» a las que se nieguen. Gracias a ese cambio de postura del PSOE a última hora, así como otras concesiones como la cesión de competencias en inmigración o el IVA al 0% para el aceite de oliva, los de Carles Puigdemont han decidido abstenerse en la votación de los decretos por el Congreso de los Diputados.

«Junts per Catalunya se ha abstenido de la votación de los decretos reales del gobierno español después de llegar un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes», ha explicado la formación tras conocerse su cambio de postura ante las votaciones que se celebran este miércoles en el Congreso, con la que los de Puigdemont salvan el match ball a Sánchez.

Presiones a empresas

El punto más polémico es el que hace referencia a la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante su paso por el Consejo de Ministros, para revertir el Real Decreto «del PP», dice Junts, que en 2017 permitió la salida de empresas de Cataluña huyendo de los efectos del procés y de la inseguridad jurídica que provocó el referéndum del 1-O. Una presión sobre esas compañías.

El Gobierno ha propuesto dar «incentivos fiscales» a aquellas empresas que reviertan esa marcha y vuelvan a Cataluña. Pero desde Junts hablan, también, de «sancionar» a aquellas firmas que se decanten por no volver a su anterior domicilio social en Cataluña. Así lo solicitaron este pasado martes al PSOE para sacar adelante los tres decretos, cosa que finalmente ha ocurrido gracias a la no votación de los de Puigdemont a las medidas de Sánchez.

Blindaje a la amnistía

Otro de los escollos que señalaban los socios de Sánchez, que han estado a punto de asestar la primera estocada de la legislatura al Ejecutivo de PSOE y Sumar, era el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil preocupa a Junts porque establece la posibilidad de blindar por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. Según se puede leer en el citado artículo, «si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver, podrá suspender motivadamente el procedimiento».

Esto significa que el Gobierno ha intentado regular por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. En este sentido, si la Sala Penal del Tribunal Supremo o cualquier otro juez elevan una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas sobre el encaje de la Ley de Amnistía, su aplicación quedaría suspendida a la espera de la resolución de la Unión Europea.