Esta es la prueba: Bravo debía controlar las ayudas al hermano de su pareja Ximo Puig y no lo hizo

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 07/02/2020 06:45
  • Actualizado: 07/02/2020 12:07

El PP ha denunciado que la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, no activó la Inspección de Servicios de su Consejería para investigar el escándalo del millonario pago de subvenciones a las sociedades de Francis Puig, hermano del presidente regional. El documento que hoy publica OKDIARIO prueba que, efectivamente, la consejera de Justicia tenía la obligación de comprobar la legalidad o ilegalidad de las ayudas de cerca de 850.000 euros que dio la Generalitat de Ximo Puig a las empresas de su hermano -el importe total asciende a 1 millón si se suman las ayudas dadas por el Gobierno socialista de Aragón y el separatista de Cataluña-. Gabriela Bravo, pese a ello, omitió su deber de control. Y ella no es sólo la consejera de Justicia. Es, además, la pareja de Ximo Puig.

El PP ha levantado la liebre sobre un nuevo escándalo del que se beneficiaron las empresas del hermano de Ximo Puig. La Consejería de Bravo “no ha hecho nada, y nunca ha controlado el dinero público de los valencianos que iban a parar las empresas el hermano del Presidente Ximo Puig”, señaló este pasado miércoles la portavoz adjunta del Grupo Popular Valenciano, Eva Ortiz. Gabriela Bravo negó la acusación del PP y afirmó que sí se llevó a cabo la inspección correspondiente.

Lo cierto es que la acusación del PP era certera. OKDIARIO ha revisado los archivos oficiales de la Consejería de Justicia del Gobierno Valenciano. Y, efectivamente, la Consejería que ocupa en estos momentos la pareja de Ximo Puig tenía la obligación de comprobar el correcto uso y legalidad de las ayudas recibidas por las empresas del hermano de Ximo Puig. Y, además, no consta ningún informe llevado a cabo sobre esas empresas.

Fuentes oficiales del PP han confirmado a OKDIARIO que el único organismo que no investiga a los hermanos de Ximo Puig “es justamente el primero que debía haberlo hecho: en el artículo 30 de la Ley reguladora de la Inspección se señala que la actuación inspectora se iniciará a raíz de cualquier dato obtenido por el sistema de alertas”.

El propio documento regulador de los planes de inspección para los ejercicios 2018 y 2019 señala expresamente que “el artículo 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece el contenido mínimo de las órdenes de bases de la concesión de subvenciones y en el apartado j) se indica que éstas deberán definir el “Método de comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control”. Y añade que “esta actividad que se incluye en el plan persigue las siguientes finalidades: […] Constatar si se está realizando la comprobación de la realización de la actividad definida en los planes de control”. 
Pese a ello, y como señaló Eva Ortiz, la consejera Bravo ha mentido en sede parlamentaria y, tras ser preguntada por este aspecto, ha asegurado que sí había inspeccionado las empresas del hermano de Ximo Puig.

El PP aclara que “obstaculizar cualquier tipo de investigación interna para tratar de ocultar el presunto desfalco de sus hermanos puede acarrear consecuencias penales” y se ha preguntado por qué “tenía tanto interés el PSPV en separar la inspección de servicios de la Conselleria de Transparencia esta Legislatura para dársela a Bravo”. Y es que ese traspaso de competencias se produjo precisamente para que fuese Bravo la responsable de ese cuerpo inspector.