España
Crisis del coronavirus

España sigue sin hacer PCR en las llegadas: entran más de 4.000 casos confirmados desde la desescalada

El Gobierno sigue sin reforzar la seguridad sanitaria en los aeropuertos españoles con PCR en las llegadas

Madrid tiene ya a 18 de sus 23 grandes municipios por debajo de la media nacional de contagios

El decreto del estado de alarma por la segunda ola de coronavirus ha sido aprobado por el Gobierno de España tras acumular más de 4.000 casos importados desde que comenzó la desescalada de la primera ola allá por el 11 de mayo. Una cifra que demuestra que los controles anti-Covid en las fronteras de España no han sido eficaces.

Así lo dicen los propios datos del Ejecutivo socialcomunista que recoge el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. En concreto, desde el pasado 11 de mayo, inicio de la fase 1 de la desescalada, hasta el 29 de octubre, entraron en España 4.007 positivos confirmados de coronavirus procedentes de otros países.

Según explica la Dirección General de Salud Pública, la fuente para la realización de esta estadística son «casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica por las comunidades autónomas clasificados como importados de otro país. Las personas han podido llegar a través de diferentes medios de transporte, incluyendo pateras», indica el Gobierno. Sin embargo, no se computan aquí los asintomáticos ni todos aquellos que burlaron los controles -no se exige PCR de entrada en las fronteras españolas- y tras propagar la enfermedad nunca fueron identificados como casos confirmados.

Por comunidades, los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad sitúa a Madrid, principal punto de entrada en el país de pasajeros extranjeros, como la más perjudicada por esta falta de controles eficaces, con 758 casos importados. Le sigue Canarias, con 653; Andalucía, con 561; y Cataluña, con 335. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta (11) y Melilla (7) y la  comunidad de Asturias (10) aparecen como las menos afectadas.

En el último decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, se sigue sin reforzar con pruebas fiables el control en aeropuertos, puertos y otras entradas al país. La obligatoriedad de realizarse una PCR en destino es una medida inexistente en España a día de hoy. Sólo en Canarias se ha fijado tal requisito de realización de pruebas a los viajeros, bien en origen o en destino (centro sanitario de las Islas, clínica o laboratorio).

El Ejecutivo de Sánchez dejó a Canarias fuera del nuevo decreto de alarma que fijó un toque de queda o confinamiento nocturno obligatorio hasta el 9 de noviembre desde las 23.00 horas hasta las seis de la madrugada, con posibilidad de modular el inicio una hora antes o después por parte de las comunidades autónomas. Sánchez esgrimió que Canarias se libra del toque de queda «por sus buenos datos epidemiológicos», cuando la razón de fondo aquí es el intento del Gobierno socialcomunista por salvar el turismo en las Islas.

Un «fracaso»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las voces que ha pedido la Gobierno la realización de test en destino, especialmente en el aeropuerto de Barajas, ha manifestado que el estado de alarma «es un fracaso» porque se podría haber evitado dado que el Ejecutivo de PSOE-Podemos pudo acometer las reformas legislativas que prometió «para no llegar a ello». A juicio de Ayuso, esta nueva alarma aprobada para seis meses «ahuyenta» a la iniciativa privada y al turismo, si bien valoró como «positivo» que las autonomías pueda ahora «caminar con mayor seguridad jurídica», de ahí que el PP se abstuviera el pasado jueves en la autorización del Congreso sobre la prórroga de la alarma.

Así lo explicó el presidente del PP, Pablo Casado, que reprochó a Sánchez que no haya atendido el ‘plan B’ propuesto por los populares desde hace meses, el cual hubiese permitido limitar la movilidad en casos de pandemia a través de una modificación de la Ley General de Salud Pública de 1986. Sin recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.

Por su parte, Vox votó en contra de esta prórroga y la recurrirá en el Tribunal Constitucional, pidiendo además la suspensión cautelar de su vigencia, que también restringe las manifestaciones. Desde la formación de Santiago Abascal denuncian que el Gobierno de Sánchez pretende «una vez más ocultar su fracaso» a la hora de hacer frente a esta pandemia, trasladando sus responsabilidades a los ciudadanos y después de negarse a realizar test en los aeropuertos o pruebas masivas a la población, como es el caso de Eslovaquia en los colegios electorales.

«Son los mismos que no han controlado la sanidad para que allí donde sobraban camas, se pudieran desviar enfermos. Son los mismos que nos han sometido a las medidas más estrictas de toda Europa y hemos obtenido los peores resultados», lamentó el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, en alusión a los socios del Gobierno PSOE-Podemos.