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España presiona a Bélgica para que deje de poner pegas y entregue ya a Puigdemont

La Fiscalía belga ordena a la policía que arreste a Puigdemont aunque desconoce su paradero

España ha intensificado en los últimos días sus contactos con Bélgica ante los obstáculos que ha puesto y que puede poner a la entrega de Carles Puigdemont. La euroorden está ya dictada y operativa en Bélgica. Y la propia Fiscalía belga ha ordenado a la Policía que arreste a Puigdemont, pese a carecer de una certeza absoluta de su paradero. Pero, pese a ello, el Gobierno y la Justicia española saben que existen fuertes reticencias en la Justicia belga a facilitar una entrega rápida y sin limitaciones judiciales de Puigdemont.

La Fiscalía belga ha confirmado que ya ha dado cumplimiento a la Euroorden, con el fin de poner a Puigdemont a disposición de las autoridades belgas. Pero ello no implica que la entrega del ex presidente prófugo vaya a ser automática y fácil.

El Gobierno español ha podido constatar a lo largo de los meses de fuga de Puigdemont que la relación entre la Fiscalía belga y los abogados del expresidente es buena. Demasiado buena. E igualmente ha confirmado que la colaboración belga con España no ha sido precisamente ejemplar: la Justicia de ese país, de hecho, no decretó ninguna medida cautelar que en la práctica haya impedido que Puigdemont haya salido del país y vuelto a entrar con total tranquilidad y con el objetivo de hacer campaña en favor del golpe separatista contra España.

Datos todos ellos que han sembrado, de hecho, en las autoridades españolas el temor a que los obstáculos a la entrega vuelvan en el momento actual y pese a las evidencias recogidas en el auto de procesamiento del Tribunal Supremo contra Puigdemont.

Además, el delito de rebelión no está tipificado en el Código Penal belga de forma similar a la de nuestro Código. Y ese matiz ya ha sido usado por las autoridades de aquel país para defender que la entrega de Puigdemont a España lo sea sólo para ser juzgado por el delito de malversación, algo que rebajaría notablemente su condena.

Esa posibilidad, de hecho, cuenta ya con el rechazo pleno del Tribunal Supremo y de la Fiscalía española porque “no podemos juzgar al presunto autor principal por delitos menores comparados con los delitos de los presuntos segundos mandos a los que se va a juzgar por delitos mayores. Sería un sinsentido”, como han asegurado a OKDIARIO fuentes oficiales.

España, de todos modos, ha preferido activar sus mecanismos diplomáticos para evitar que este asunto se convierta en un motivo de enfrentamiento e, incluso, de pérdida de credibilidad de la población en la propia Europa. Porque nadie puede entender que Bélgica esté dando cobertura a alguien que ha desafiado el sistema constitucional entero de un Estado miembros de la UE.

El Gobierno ha acelerado estos contactos, además, porque aún tiene en mente la argumentación dada por la Justicia belga la última vez que se solicitó la Euroorden en este país: “Dada la calidad de los implicados y el contexto de los hechos por los cuales se solicita la extradición, ya queda claro que se dará una importancia particular a la cuestión de saber si la extradición no podría constituir una infracción de los derechos fundamentales de los implicados», tal y como afirmó en aquel momento el Fiscal del Rey Jean-Marc Meilleur en su demanda de información a las autoridades españolas.

Una demanda que condicionó notablemente la entrega del prófugo y que acabó aconsejando, de hecho, a España retirar la petición de la Euroorden ante la evidencia de que, lejos de ser una ayuda, significa la imposibilidad de juzgar a Puigdemont por sus delitos realmente cometidos.

«Solo referirse a la confianza mutua no será suficiente en este procedimiento», añadió el fiscal poniendo en tela de juicio el sistema judicial español y el tratamiento de las prisiones nacionales.
Así ha sido la colaboración de Bélgica hasta el momento. Y eso es precisamente lo que pretende evitar España ahora.