ERC preparó la recepción de Sánchez denunciando a España ante la ONU por perseguir el delito de sedición

Sánchez vendía este pasado miércoles las bondades del diálogo con ERC. Alababa la reconducción de la Generalitat por el camino del entendimiento y la no confrontación; y ERC, por su parte, preparaba días antes la recepción de Sánchez denunciando su Gobierno ante Naciones Unidas por perseguir el delito de sedición, justo por lo que fueron condenados los golpistas del 1-O.

Toda una muestra de buena voluntad por parte de la Generalitat: una denuncia ante la ONU porque, según ERC y la Generalitat, España se excede en dos facetas: la petición de que los golpistas deben devolver el dinero malversado -realizada por el Tribunal de Cuentas- y, dos, la regulación del delito de sedición, aquel por el que fueron condenados los golpistas del 1-O -como el líder de ERC, Oriol Junqueras- y que, según la formación del presidente regional, se excede en la protección de la Constitución y la unidad de España.

Por todo ello, el 7 de septiembre, ocho días antes de la reunión de la mesa de negociación de Pedro Sánchez con Pere Aragonès, la Dirección General para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que depende de la Consejería de Igualdad y Feminismos del Gobierno, encabezada por Tania Virgen, remitió a la ONU dos informes denunciando la indefensión de derechos humanos en Cataluña por la regulación nacional del delito de sedición y por las actuaciones del Tribunal de Cuentas.

En concreto, ambos informes fueron destinados al Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas, Clément N. Voule, para que los incorpore al informe que presentará en la 50ª sesión del Consejo de Derechos humanos. Es decir, para que ponga en duda la calidad democrática del Gobierno del propio Pedro Sánchez en toda la órbita internacional.

«Anomalía a nivel europeo»

El primero de los informes se titula El delito de sedición y el derecho de protesta. En ese documento se afirma que la actual concepción del delito de sedición del Código Penal es una «anomalía a nivel europeo». El texto compara los códigos penales de 17 países y concluye que el caso español no tiene homólogos en Europa y que «obedece a criterios de criminalización y castigo» lejanos a los estándares europeos actuales. Traducido: que según ERC, la regulación del delito de sedición en Epata viola derechos humanos.
El informe añade que la definición de «sedición» del Tribunal Supremo en la sentencia del proceso «no es ni clara, ni precisa, ni previsible» y provoca «inseguridad jurídica».

Además, sitúa “la desobediencia civil no violenta, siempre que sea multitudinaria, dentro de los márgenes del delito”, sin que «la renuncia explícita al uso de cualquier forma de violencia suponga ninguna diferencia a la hora de considerar los requisitos del delito de sedición».

Los informes tiran de exposiciones propias de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, con los que afirman que la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O es contraria a la defensa de los derechos humanos.
El segundo informe se titula Las actuaciones del Tribunal de Cuentas y los derechos a la participación política, a un juicio justo ya la libertad de expresión. En él se señala que los procedimientos de este organismo «no ofrecen las garantías necesarias a las personas investigadas y generan indefensión».

Afirma que la posibilidad de presentar recurso en la fase procesal «está excesivamente acotada». Y que el Tribunal de Cuentas «extralimita en sus funciones» con «sesgos politizados» en el proceso de selección de sus miembros y en su función jurisdiccional. Todo ello fue instado en la fase preparatoria de la reunión que Sánchez ha calificado como conciliadora.