La factura de ERC a Sánchez para olvidar el espionaje: imponer de urgencia el sablazo fiscal a Ayuso

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 19/05/2022 06:44
  • Actualizado: 19/05/2022 08:46

ERC vuelve a la carga con el hachazo fiscal y presiona al Gobierno para que apruebe una reforma que afectaría fuertemente a las comunidades, como Madrid, con una política de bajos impuestos. La pretensión de los independentistas se centra en especial en dos tributos: Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Calculan que el impacto del primero en la recaudación sería de 1.000 millones, los que las arcas dejan de ingresar por tener bonificado este impuesto al 100%.

Se trata de una vieja reivindicación de los socios de Sánchez que ahora, en plena crisis por la investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la medida adquiere urgencia. La política fiscal y la «armonización» ansiada por el separatismo es uno de los puntos que el Gobierno ha utilizado en su choque contra Isabel Díaz Ayuso, acusándola de dumping fiscal y «competencia desleal». También ha figurado en otras ocasiones en las negociaciones del Ejecutivo con los independentistas, a cambio por ejemplo del apoyo en los Presupuestos Generales. De prosperar, supondría un hachazo para las comunidades gobernadas por el Partido Popular que tienen bonificado este tributo en su práctica totalidad.

De hecho, el comité de expertos al que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha encargado el diseño de la futura reforma fiscal incluye entre sus propuestas el establecimiento de un mínimo para Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Y Podemos también presiona para que se aplique. La formación morada incluso llegó a presentar una enmienda a los Presupuestos de su propio Gobierno para introducir una cuota estatal en Patrimonio.

«Dumping fiscal»

Los republicanos aprovecharon la sesión de control en el Congreso, este miércoles, para recordar a Sánchez sus exigencias. El diputado republicano Joan Margall instó a la ministra de Hacienda a acometer cuanto antes la reforma fiscal. Entre las peticiones citó, expresamente, «acabar con el dumping fiscal que ejerce la Comunidad de Madrid», además de incrementar el impuesto a los depósitos bancarios y «subir la presión fiscal a los que más tienen».

Montero admitió que el Gobierno tiene «un compromiso con la reforma fiscal» y no renunció a aceptar estas propuestas, si bien, matizó, «tiene que ir acompasando a la situación económica». En este punto, la ministra de Hacienda se jactó de la batería de impuestos que ha ido aprobando el Gobierno, como la subida del IRPF, el Impuesto de Sociedades -en el mínimo del 15%- o la aplicación de nuevos tributos.

Las intenciones del Gobierno socialcomunista en materia fiscal ha chocado con el estancamiento de la economía, como publicó OKDIARIO, lo que le ha llevado a rebajar sus pretensiones, al menos, de momento.

Al mismo tiempo, eso sí, se ha negado a aplicar la ambiciosa rebaja de impuestos que le solicita el Partido Popular para aliviar las cargas fiscales a las familias españolas y que, entre sus medidas, incluye deflactar la tarifa del IRPF y crear un «impuesto negativo» para devolver a las rentas más bajas entre 200 y 300 euros por la subida del IPC.

Podemos, por su parte, tiene su propia propuesta, que supondría un golpe fiscal de 30.000 millones de euros al año. El grueso de esa cantidad, unos 10.000 millones, vendría por un nuevo impuesto de Patrimonio. También pretenden recaudar 9.000 millones más por Sociedades y 6.000 millones por el IRPF.

Entre sus propuestas figuran la creación de un impuesto estatal que grave la vivienda vacía, desplegar un nuevo tributo que grave los alimentos de mala calidad nutricional y un nuevo marco de fiscalidad verde.

El Gobierno de Díaz Ayuso tiene actualmente en trámite su Ley de Defensa de la Autonomía Financiera dirigida, precisamente, a proteger a la Comunidad de Madrid frente al «hachazo fiscal» que pretende acometer, tarde o temprano, el Ejecutivo de Sánchez.