Ley Electoral

ERC y Bildu proponen a Sánchez que hasta 3 millones de extranjeros puedan votar sólo con empadronarse

horario colegios electorales
Un colegio electoral.
Pelayo Barro

Ha sido siempre una aspiración histórica de la izquierda: aumentar el nicho de votantes en España extendiendo el voto a las comunidades de extranjeros. Este miércoles han sido los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, ERC y Bildu, quienes han presentado una iniciativa en el Senado que busca precisamente eso: que baste estar empadronado para poder votar, eliminando el requisito de nacionalidad y sustituyéndolo por el de «ciudadanía». Una medida que no sólo afectaría a las elecciones municipales, sino a las autonómicas y generales. De salir adelante crearía una nueva bolsa de votantes de tres millones de personas, casi 800.000 de ellos, marroquíes. La comunidad marroquí representa a alrededor del 20% de la población inmigrante en España.

El requisito básico poder votar en España es disponer de la nacionalidad española. De nacimiento o adquirida. Sin embargo, para el caso de las elecciones municipales o existe la figura de los convenios de reciprocidad, que permiten a una los ciudadanos de una serie de países que residan en España participar en la elección del alcalde de la ciudad en la que están empadronados. Sólo pueden beneficiarse de ello los nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Reino Unido, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago que hayan residido cinco años en España, además de aquéllos que procedan de países de la Unión Europea.

Pero esto podría cambiar si el Gobierno de Pedro Sánchez ve con buenos ojos la moción presentada por ERC para el «reconocimiento efectivo de los derechos políticos de toda la ciudadanía». El primer trámite de este plan es llevar a debate la propuesta en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al igual que ocurrió con la eliminación de la sedición o la reforma a la baja de las penas por malversación, han sido los socios de Sánchez quienes han llevado la propuesta a la Cámara Alta. Sin embargo, el PSOE lleva años buscando capitalizar las bolsas de voto inmigrante en sus campañas, por lo que la sintonía socialista ante la propuesta es, a priori, positiva. Su socio Podemos llegó a reclamar el voto hasta para los inmigrantes ilegales.

Tres millones

El texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, asegura que «las personas extranjeras que viven en nuestros pueblos y ciudades, y que trabajan para impulsar el desarrollo económico y social, no pueden quedar apartadas y privadas de un derecho fundamental como el derecho a la participación política» si no se les reconoce la legitimidad para votar.

La medida, según los datos oficiales del INE en 2022, afectaría a unos tres millones de extranjeros de países sin convenio de reciprocidad. La nacionalidad más numerosa es la marroquí, con unos 776.000 ciudadanos residentes en España. Le sigue Venezuela con 220.000, China 193.000, Honduras 125.000 y Ucrania con 105.000. El resto provienen de la suma de múltiples nacionalidades sin derecho a voto.

Esas cifras incluyen también a los menores de edad, que si bien no pueden votar hasta alcanzar la mayoría de edad, la propuesta elevada al Senado sí les reconoce un derecho al voto que podrían ejercer cuando lleguen a los 18 años.

Racismo

«El derecho a voto es una herramienta imprescindible de participación, que tiene que acompañar cualquier proceso de inclusión y reconocimiento social. Además, el derecho a voto es fundamental para que las personas extranjeras puedan hacerse visibles como parte de la ciudadanía e identificarse con un proyecto de sociedad y de estado, y es también una forma de revertir el racismo institucional y social», señala la propuesta de ERC y Bildu.

Por ello, solicitan al Gobierno que se inicien los trámites para «garantizar el derecho al voto activo y pasivo del conjunto de la ciudadanía, independientemente de su origen». Es decir, aumentar en 3 millones de votantes el censo electoral.

Insiste Bildu y ERC en el argumento de que negar el voto a los extranjeros provoca «la discriminación en función de la nacionalidad, a menudo ligada a otras formas de discriminación y racismo, por religión, cultura y rasgos étnicos, entre otros».

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