Los empresarios catalanes se rebelan ante el infierno fiscal que propone la CUP

El pasado mes de mayo saltaron las alarmas en la Generalitat ante la decisión de la CUP de romper el pacto de apoyo asambleario y presentar, posteriormente, una enmienda a la totalidad de los Presupuestos elaborados por Oriol Junqueras.

Tras el ‘no’ de la CUP, al president Puigdemont no le quedó otra salida que anunciar que se sometería a una moción de confianza que, finalmente, tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Hace unos días, la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel aseguró que su formación apoyaría la moción. No obstante, su partido negocia con Junts pel Sí la elaboración de los nuevos Presupuestos.

Por lo pronto, el impuesto a los depósitos bancarios y el que grava a las centrales nucleares, anulados hace cinco meses por el Tribunal Constitucional, regresarán al papel tras haber sido reformulados con el objetivo de sortear el veto. La tasa a los alojamientos turísticos, el impuesto a las grandes superficies comerciales y el que grava a las aerolíneas son otros tres impuestos que el Ejecutivo de Puigdemont recuperará.

La formación anticapitalista, que se encuentra a la izquierda de Podemos, quiere ver plasmadas algunas de sus propuestas en los próximos Presupuestos. Defender la planificación central de la economía y la expulsión del sector privado y oponerse a todo lo que tenga que ver con la libertad de mercado son el santo y seña de la CUP, algo que inquieta y mucho a los empresarios catalanes.

Fuentes del entorno de Empresaris de Catalunya consultadas por OKDIARIO confían en que «no suba el IRPF ni el Impuesto de Patrimonio, ni siquiera el Impuesto al Juego». Los empresarios piden que no se suba la carga fiscal ni a empresas ni a particulares porque «ya están muy altas» y aseguran que «todo esto es un maquillaje, una locura para seguir con su plan independentista».

Los empresarios temen cualquier posibilidad de que la izquierda radical , pero descartan que los Presupuestos vayan a cambiar significativamente: «Se podría modificar algunos gastos, pero está todo muy ajustado ya para cumplir con el déficit. Puigdemont ni quiere ni puede cambiar eso porque Montoro le presiona para cumplir con el déficit. Sí que podría hacer una concesión simbólica de cinco millones de euros para un nuevo referéndum».

La formación anticapitalista ha apuntado en en varias ocasiones junio de 2017 como fecha para realizar un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI). En ese sentido, los empresarios se rebelan y recuerdan que la ley no permite llevar a cabo esa consulta: «No queremos que en ningún caso se aprueben partidas para un referéndum que es ilegal. Sería malversar dinero publico».

La idea de la Generalitat es que el proyecto de ley de presupuestos para  el año 2017 comience a tramitarse a finales del mes de octubre y se apruebe en diciembre tras debatirlo en la Cámara.