Vox exige la Vicepresidencia, presidir las Cortes y tres consejerías para pactar con el PP

Vox no pactará el Gobierno de Castilla y León si el PP no le da el mismo trato que concedió en la pasada legislatura a Cs. La posición es firme y, de hecho, va acompañada de un documento de compromisos y ofertas de Gobierno al PP a lo largo de todo el nuevo mandato. El documento incluye fuertes rebajas de impuestos y ayudas a las pymes y la industrialización. Y también la exigencia de la Presidencia de las Cortes regionales, la Vicepresidencia del Gobierno y tres consejerías.

El documento de Vox señala que la postura será inamovible por fidelidad a los “votantes”. Y que, por ello “en este Gobierno de coalición la Presidencia de la Junta de Castilla y León recaerá sobre el Partido Popular, al igual que seis de las nueve Consejerías. La Vicepresidencia de la Junta, así como la Presidencia de las Cortes y la Secretaría tercera de la Mesa, recaerá sobre Vox”.

Los ejes del Gobierno se basarán en “vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León. Promover la solidaridad entre todos los territorios de España y fortalecer el papel de las provincias y municipios. Y reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”.

Además, se incluyen como ejes la “defensa de los intereses del campo, la industria, el comercio y nuestro territorio ante la Unión Europea. El impulso de todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo. El Gobierno de la Junta se compromete a rechazar las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y cualquier impedimento ideológico del desarrollo energético e industrial. El compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo. Y la garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos”.

El “desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio. La atención a las demandas legítimas de las provincias. El apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas. La significativa del gasto institucional y supresión del gasto público superfluo o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos. Y el compromiso para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo” cierran esa lista de ejes.

Todo ello, sin excluir la reducción del número de consejerías de 10 a nueve, una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, incluyendo medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural y la dotación de un fondo de 300 millones de euros para indemnizar a las PYMES y autónomos de los sectores perjudicados por las medidas de contención del Covid declaradas inconstitucionales, ya fueran autonómicas o del Gobierno de la nación, estableciendo un mínimo 2.000 euros y un máximo de 30.000 euros en función de la proporción del daño causado.