Díaz pide para funcionarios de prisiones la jubilación anticipada que el Gobierno niega a la Guardia Civil

Sumar, formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido ofrecer la jubilación anticipada digna a más funcionarios públicos mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte el partido magenta, sigue negándosela a la Guardia Civil. Tras darle este derecho a la Policía Nacional, ahora el hermano menor de la coalición quiere entregárselo a los funcionarios de prisiones, pero ni rastro de la Benemérita.

La formación de Díaz ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que solicitan «el aumento del coeficiente reductor de la jubilación de los cuerpos penitenciarios». Esta iniciativa está firmada por Aina Vidal, diputada de Sumar.

Concretamente, pide al Gobierno, del que forman parte, «a estudiar y valorar el coeficiente reductor para los profesionales de los cuerpos penitenciarios». El cuarto partido más votado del Congreso solicita que se tengan en cuenta las «condiciones especiales de este lugar de trabajo, corrigiendo la desigualdad actual, a través del nuevo mecanismo sobre el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación». Sin embargo, ni rastro de la Guardia Civil.

La formación magenta pone en valor que esos funcionarios son los encargados de «garantizar la seguridad, el buen orden y la convivencia ordenada del centro penitenciario». También destacan que son capaces de asegurar que los servicios penitenciarios se presten garantizando «los derechos de las personas internadas en las instituciones penitenciarias y para exigirles sus obligaciones».

Aina Vidal subraya que los funcionarios de prisiones tienen que «mantener unas condiciones idóneas para la prestación del servicio penitenciario, mediante procesos de formación y reciclaje y prácticas profesionales».

Además, recalca que su trabajo se realiza en «un medio cerrado» y que están «en contacto directo con la población reclusa». En ese mismo sentido, inciden en que su horario «abarca las veinticuatro horas del día en diferentes turnos» y, que, en ese tiempo, tienen que enfrentarse «a situaciones de tensión y conflicto» porque existe «riesgo latente permanente». «Hay que estar siempre atento», lo que argumentan que podría «generar una situación de estrés físico y psicológico».

La propuesta de Sumar detalla que estos funcionarios son «uno de los
colectivos que tiene el índice de incidencia por accidente laboral más alto» y que es «difícil mantener una adecuada condición psicofísica» a partir «de una determinada edad». «El envejecimiento de las plantillas de los centros penitenciarios tiene como consecuencia una mayor siniestralidad», alerta en la PNL.

Por eso, en este caso, sí que piden oír a «los principales sindicatos» que hicieron «diversas propuestas de coeficientes reductores y cotización adicional». Algo que se ha hecho «basándose en la ya aprobada para los cuerpos de las policías locales», detallan desde la formación.

La propuesta que incluye esta proposición no de ley «iría en la dirección de reducir en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del cuerpo de funcionarios de prisiones». «Y de computar el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación», se indica.

Sin jubilación para la Guardia Civil

Todo ello mientras el Gobierno de Sánchez excluye a la Guardia Civil del real decreto para equiparar la jubilación anticipada de los policías nacionales a la de los cuerpos locales y autonómicos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.

El real decreto respondía a una sentencia del Tribunal Supremo tras un recurso de Jupol, sindicato de Policía Nacional, en el que solicitaba equiparar los requisitos para solicitar la jubilación anticipada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo falló contra el Estado por negar sistemáticamente a los policías nacionales el derecho a la jubilación anticipada, un privilegio que sí reconoce y financia para cuerpos autonómicos y locales.

El escrito de la última instancia judicial ponía el foco en la contradicción que se había generado al financiar íntegramente la jubilación anticipada a Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra o policías locales, mientras que dejaba en el limbo legal a la Policía Nacional.

El Gobierno decidió acatar esta sentencia limitándose a equiparar a los policías nacionales que entraron al cuerpo desde 2011 con los agentes de cuerpos autonómicos y locales. De ese modo, olvida, en primer lugar, a los agentes que entraron con anterioridad y, por otro lado, a todos los miembros de la Guardia Civil.