La DGT tiene un agujero de 512 millones en multas que no tiene documentadas en sus archivos

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene un preocupante descontrol contable en la gestión de las sanciones que impone a través de la Jefatura Central de Tráfico (JCT), al no registrar adecuadamente más de 512 millones de euros en multas pendientes de cobro.

Según revelan informes tanto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como del Tribunal de Cuentas (TCu) consultados por OKDIARIO, la Jefatura Central de Tráfico continúa incumpliendo principios contables básicos al no reflejar en sus cuentas estos derechos pendientes ni sus modificaciones, lo que distorsiona gravemente la imagen fiel de su situación financiera.

El informe de auditoría de la IGAE, del pasado mes de julio, es contundente al emitir una «opinión desfavorable» sobre las cuentas anuales de la JCT correspondientes al ejercicio 2023. «Las cuentas anuales adjuntas no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera», señala la IGAE, cuyo dictamen ha sido posteriormente respaldado por el Tribunal de Cuentas en su reciente Declaración sobre la Cuenta General del Estado.

El problema fundamental, según detallan los informes, es que «el organismo no reconoce los ingresos en contabilidad derivados de sanciones cuando estas son firmes, sino que contabiliza dichos ingresos cuando tiene lugar su cobro en periodo voluntario de pago». Este procedimiento contraviene el principio de devengo, que obliga a registrar los derechos cuando nacen, independientemente de cuándo se cobren.

«En consecuencia, al no aplicar el principio de devengo en el registro contable de los ingresos y derechos a cobrar, no consta en la contabilidad del Organismo el saldo de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2023, cuya cuantía asciende, como mínimo, a 512.142.098 euros», precisa el documento oficial. Esta omisión provoca graves distorsiones en los estados financieros de la entidad.

El efecto de estas incorrecciones es de tal magnitud que supone una «infravaloración del Activo de 512.142.098 euros; infravaloración del Pasivo de 61.916.710 euros; e infravaloración del Patrimonio Neto de 450.225.388 euros», según detalla la auditoría. Las consecuencias alcanzan también al resultado económico del ejercicio (infravalorado en 128.357.408 euros) y a los resultados de ejercicios anteriores (infravalorados en 321.867.979 euros).

Caos en aumento

Esta situación se está agravando. La JCT lleva años acumulando esta clase de incidencias contables, como constatan los informes de ejercicios precedentes. En 2022, según los datos comparativos, las multas no registradas alcanzaban los 390 millones de euros, lo que supone un incremento de 122 millones en tan solo un año.

A esta grave deficiencia se suman problemas con el registro de otros bienes. Según el mismo informe, «del valor neto contable del inmovilizado, cuyo importe es de 810.783.572 euros, un 50,76% no está inventariado, un 30,23% está inventariado sin soporte documental, un 8,84% está inventariado con soporte documental incompleto o no verificable». Es decir, sólo el 10,17% del inmovilizado está correctamente documentado.

Las consecuencias de estas irregularidades contables trascienden lo meramente administrativo. Como señala la Intervención General, «la actual situación del Inmovilizado de la JCT comporta riesgos relevantes tanto desde el punto de vista de la custodia de los activos como de la protección jurídica de los mismos».

Otros suspensos

El Tribunal de Cuentas, en su Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023 aprobada esta semana, ha confirmado estas deficiencias, incluyendo a la JCT entre las cinco entidades públicas que han recibido «opinión desfavorable» de los auditores, junto a la Biblioteca Nacional de España, las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadalquivir, y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Este doble señalamiento por parte de los máximos órganos fiscalizadores del Estado pone de manifiesto la necesidad urgente de que la DGT corrija estas prácticas contables. No hacerlo significaría seguir manteniendo en las sombras millonarias en derechos pendientes de cobro, en un momento en que la transparencia en la gestión pública resulta más necesaria que nunca.

Mientras tanto, los ciudadanos que reciben una multa de tráfico desconocen que, paradójicamente, una vez que se convierte en firme, no existir en los libros contables de la DGT hasta que no se cobra, como si fuera invisible para la administración que la impuso.