Desmadre en las cárceles de Marlaska: 2.733 teléfonos móviles incautados a los presos en 2022

Las prisiones españolas que dependen del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se han convertido en un desmadre donde se cuelan teléfonos móviles con facilidad. En 2022 la incautación de terminales móviles en las prisiones españolas se incrementó un 21% respecto a 2021. Un total de 2.733 terminales fueron intervenidos. Esta cifra es la más alta registrada desde que se popularizaron estos teléfonos, lo que supone un riesgo evidente para la seguridad de los centros penitenciarios. Las prisiones de Málaga, Madrid III (Valdemoro) y Albolote (Granada), son los centros penitenciarios con mayor número de teléfonos confiscados.

Los teléfonos móviles son objetos prohibidos dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, por parte de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas que este mercado ilegal genera.

En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse a los controles internos. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones, como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas, por lo que su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto por el control del mercado negro, a pesar de que los trabajadores de prisiones dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.

Los trabajadores penitenciarios los encuentran en los lugares más insospechados, por lo que son precisos registros exhaustivos de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada. «Pero ahora hay 3.000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios», explican desde el sindicato de Prisiones ACAIP-UGT.

La manera en la que estos teléfonos móviles son introducidos en las cárceles son muy variadas, pero en los últimos años se ha detectado la utilización de drones para introducir smartphones de gran tamaño, más batería y, por tanto, mayor capacidad de comunicación. «Esto supone una merma importante de la seguridad de los establecimientos penitenciarios, ya que la presencia de objetos prohibidos perjudica gravemente el normal funcionamiento de una prisión donde debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción», añaden desde Acaip.

Desde este sindicato insisten en «la necesidad de dotar de medios materiales y humanos suficientes para, por un lado, evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior. Pero todo ello exigimos el correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito».

De 2017 a 2021, ambos años incluidos, los funcionarios de prisiones se han incautado de 10.275 teléfonos móviles en las cárceles españolas, excepto las de Cataluña y País Vasco, que no dependen de Interior. El número es demoledor y el más claro ejemplo de que las prisiones españolas que dependen del ministro Marlaska son un coladero para bandas organizadas, narcotraficantes o cualquiera que pueda pagar un teléfono móvil, prohibido por ley. Esto supone una media de seis teléfonos diarios, 171 al mes y 2.055 al año. Todo esto ocurre en 80 prisiones españolas. El año de mayor incautación de terminales fue 2019 con 2.585 teléfonos móviles incautados.