Las mentiras de Sanidad: los muertos en Castilla-La Mancha aumentan un 159,6% en abril

Las defunciones en Castilla-La Mancha en abril de 2020 se han incrementado un 159,6 % con respecto a las inscritas en el mismo periodo del año anterior.

Los registros civiles de Castilla-La Mancha han expedido el pasado mes de abril 3.832 licencias de enterramiento, cuando en el mismo mes de 2019 se registraron 1.476 defunciones. Y de ese número de 3.832, en 2.674 licencias de enterramiento, el 69,8 %, se recoge como causa del fallecimiento COVID o sospecha compatible con COVID, referenciando como sospecha aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa.

Sin embargo, hasta el 12 de mayo el Ministerio de Sanidad tiene contabilizados 2.811 fallecidos en Castilla-La Mancha, de los que 1.755 corresponden a abril, según se refleja en la web de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Una cifra que claramente contrasta con la de 2.674 defunciones que el informe de los registros civiles atribuye directamente al Covid o a una «sospecha racional» de estar relacionadas con el coronavirus. Y aún más con el total de muertes registradas en la Comunidad presidida por el socialista Emiliano García-Page, que asciende a 3.832.

En cualquier caso, la diferencia entre los datos de Sanidad y los de los registros civiles es de 919 defunciones que no estarían contabilizadas como víctimas del coronavirus.

El expediente gubernativo de la Presidencia del TSJ de Castilla-La Mancha se abrió en el mes de abril tras constatar con datos el incremento sustancial de licencias de enterramiento y defunciones durante el mes de marzo, que estaba provocando, según informaciones recibidas por el Presidente del TSJ, dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.

El objetivo de este expediente era garantizar el correcto funcionamiento de los Registros Civiles de la región como servicio esencial judicial establecido durante el estado de alarma.

De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el Virus.

Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma.

Como consecuencia de estos datos, el Acuerdo dictado por la Presidencia del TSJCLM dirigía prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se velara por hacer una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el Coronavirus Covid.