El decretazo chapuza de Sánchez: obliga a los 27º y admite a la vez que no puede pasarse de los 25º

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 05/08/2022 18:14
  • Actualizado: 05/08/2022 22:09

La polémica por el decreto de «eficiencia energética» del Gobierno continúa. Este viernes, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado que los bares y restaurantes, y otros locales en los que los empleados deban realizar trabajos físicos, sí podrán limitar el uso del aire acondicionado al «entorno de los 25 grados», siguiendo así las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto aprobado este lunes en el Consejo de Ministros. Ribera aclaró que esa temperatura se aplicará «con flexibilidad» y puso como ejemplo que algunos locales, como discotecas, cocinas o gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros como una librería.

Y es que, como ha publicado OKDIARIO, el decreto energético incumple otro anterior sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, que establece que la temperatura máxima debe ser de 25 grados en determinados locales donde se desarrollen «trabajos ligeros», como puede ser el comercio o la hostelería.

En concreto, el real decreto «por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo», del 14 de abril de 1997, recoge que «la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados». Es decir, dos grados menos de lo que determina ahora el Ejecutivo.

El lunes, sin embargo, cuando compareció en rueda de prensa, la ministra simplemente se refirió al límite de los 27 grados, lo que provocó la polémica entre comerciantes y hostelería.

«Dentro de este paquete de medidas incorporadas al decreto ley quiero, en primer lugar, subrayar el hecho de que hemos aprobado un primer paso relativo al ahorro y eficiencia en los edificios administrativos, los espacios comerciales y culturales, grandes almacenes, hoteles, cines y edificios destinados al transporte de viajeros, es decir, estaciones de tren o de autobús o aeropuertos. En estos inmuebles se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados y, en verano, como mínimo a 27 grados centígrados», señaló en concreto Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Improvisación

Prueba de la improvisación del Gobierno es que ya el texto del decreto energético aprobado el lunes remite a este anterior, que deja en papel mojado la limitación de los 27 grados en la inmensa mayoría de establecimientos a los que se pretende aplicar la nueva normativa.

Así, el texto del polémico decreto recoge que «la temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 grados» y que «la temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 grados». Pero, a su vez, señala también que estos umbrales de temperatura «deberán ajustarse, en su caso, para cumplir con lo previsto» en el real decreto sobre la seguridad y salud de los trabajadores. En definitiva, los 25 grados en el caso de «trabajos ligeros».

«No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura», ha matizado Ribera este viernes.

Los comercios y establecimientos deberán justificar, no obstante, cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, indica el Gobierno.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido también en que el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética «está para cumplirse» y representa un «esfuerzo razonable y con respeto a las condiciones laborales que, en todo caso, se deben tener presentes», al tiempo que ha afirmado que el Gobierno no realizará modificaciones al respecto.

El decreto ha resultado polémico y ha recibido el rechazo de varias comunidades autónomas, entre ellas, la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, se obligará también a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas y tanto edificios como locales deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha apuntado a varios «errores garrafales» del decreto. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha llamado la atención  sobre «la torpeza» del Gobierno al no recoger cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates. De forma que, ha señalado Ossorio, «si un comerciante lo apaga durante 10 segundos estará cumpliendo la ley».