La CUP pidió reprobar al fiscal Zaragoza en 2016 por «perseguir» a los golpistas que ahora serán juzgados

La CUP pidió en el año 2016 reprobar al fiscal Javier Zaragoza por «perseguir» a los golpistas que ahora serán juzgados en el Tribunal Supremo.

El que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante 10 años es uno de los 4 representantes del Ministerio Público que han investigado el independentismo en Cataluña en el Alto Tribunal y que participarán en el juicio, cuyo comienzo está previsto para mediados de enero. 

Zaragoza inició la lucha contra el independentismo catalán al frente de la Audiencia Nacional en el año 2015. Sin embargo, en plena operación diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy fue relevado de su cargo.

Según algunas fuentes consultadas por OKDIARIO, Zaragoza se convirtió en «un fiscal incomodo» para los independentistas y paradójicamente, ahora ha terminado investigando la causa principal contra los golpistas catalanes en el Supremo.

Desde que se iniciara la instrucción del procés, Javier Zaragoza ha sido uno de los fiscales más «firmes» y «rotundos» de la causa. De hecho, ha sido uno de los mayores defensores de calificar el delito presuntamente cometido por los golpistas como rebelión y no sedición.

Historia similar sucedía con otra fiscal del Supremo que investiga la causa, Consuelo Madrigal. Las mismas fuentes apuntan que fue cesada por defender la independencia del Ministerio Público y no apoyar nombramientos y ceses propuestos por el Ejecutivo de Rajoy. Ahora, desde la Fiscalía del Supremo es otro de los pilares del Ministerio Público en la causa.

La propuesta de la CUP

En abril de 2016, la CUP registraba en el Parlamento catalán una propuesta de resolución en la que solicitaba a la cámara reprobar al entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por «su circular y sus instrucciones de persecución de los cargos electos catalanes» que defienden la declaración del 9-N.

En la exposición de motivos de la propuesta presentada por la CUP en 2016, la formación antisistema afirmaba que el 5 de noviembre de 2015, Zaragoza «emitió una circular a todos los fiscales y a los respectivos superiores jerárquicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dando instrucciones» para actuar contra «los cargos públicos locales, provinciales o autonómicos» que aprueben textos de apoyo a la declaración del Parlament del 9-N.

Desde entonces, apuntaba la CUP, «se ha iniciado una actividad de persecución de los ayuntamientos catalanes que han aprobado mociones de apoyo» y a los que la Audiencia Nacional investiga por los presuntos delitos de sedición, prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y uso indebido de fondos públicos.

Después de mencionar el caso concreto del concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma que era investigado judicialmente por un delito de «provocación a la sedición», la resolución proponía «reprobar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, por su circular y sus instrucciones de persecución de los cargos electos catalanes».

El segundo punto de la resolución instaba a «dar pleno apoyo a los cargos electos catalanes investigados y perseguidos por su apoyo a la declaración 1/XI» del Parlament, con la que se inicia el proceso independentista y que fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

En el tercer y último punto de la resolución se instaba a «constatar el evidente carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas y la evidente vulneración de los derechos fundamentales políticos de los catalanes mediante sus cargos electos». Además, se pedía «elevar esta cuestión a los organismos internacionales correspondientes en materia de derechos humanos».